ESTACIÓN SUFRAGIO

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CERO EN CONDUCTA


“¿Cómo vamos? Colima” calificó con cero el porcentaje de avance en el cumplimiento del compromiso en materia de seguridad, firmado por el gobernador Ignacio Peralta durante su campaña electoral.

Y no podía ser de otra manera con la cantidad y la crueldad de los homicidios dolosos que se han dado en los últimos día, sin contar los anecdóticos fracasos recientes del aparato estatal: el robo de contenedores en uno de los patios de maniobras anexos al puerto, el hallazgo de una cabeza humana al interior del palacio municipal de Manzanillo y la fuga de un reo de la sala donde se le sometía a juicio oral.

La calificación no le gustó al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, quien reprochó al comité ciudadano que no haya tomado en cuenta “la suma de todos los esfuerzos que ha hecho la administración estatal en el tema de seguridad”. Declaración que nos recuerda la retórica del entrenador de un equipo de futbol goleado, cuando lamenta que la afición no valore la entrega de los jugadores en la cancha.

Es conocida la propensión del Güero Ochoa a abrir la boca sólo cuando las críticas al Gobierno lo tocan personalmente, aunque como responsable de la política interior no tendría por qué ver los toros desde la barrera. Y si bien existe una cartera de Seguridad Pública en el organigrama de la administración pública estatal, a la Secretaría General de Gobierno le corresponde, particularmente, el sistema penitenciario.

Al conocer los resultados de la tercera evaluación que “¿Cómo vamos? Colima” hizo del cumplimiento de los 10 compromisos de Peralta Sánchez, AOG volvió a argumentar que la inseguridad es un problema que nos llega por contagio. Michoacán y Jalisco “tienen grupos muy organizados de la delincuencia”, dijo. Y pidió no olvidar que desde 2015 han venido aumentando los índices delictivos en todo el país.

“En el 2016 hubo un 50 por ciento (de incremento) en el país de los delitos de más alto impacto, Colima no puede ser la excepción, no somos una isla. En Colima llegamos a tener en el mes de abril 78 homicidios dolosos, pero luego bajamos a 43, a 41; mientras en el resto del país aumentó al 50 por ciento, en Colima bajamos y eso no merece cero”, refirió Ochoa González.

Comentó que en los últimos 10 años Colima sufrió un deterioro en seguridad, porque decreció el número de elementos operativos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia del Estado, no se adquirió tecnología, no hubo capacitación ni se contrataron los policías procesales, ministeriales o peritos que se necesitaban.

Esos 10 años “no pueden ser resueltos en los 12 o 13 meses que lleva esta administración, los instrumentos de evaluación deben considerar la suma de todos los avances (…) que se están presentando de forma progresiva y no solo esperar una solución tajante, lo cual resulta muy complicado (…) No podemos cada tres meses lograr la seguridad perdida, eso es algo que debemos de prever para poder tener un método de evaluación más adecuado”, sugirió.

Está bien, imposible lograr el 100 por ciento de avance como en la cuestión financiera. ¿Pero era muy complicado intentar un avance del 5 o 10 por ciento, siquiera para no quedar en ceros en materia de seguridad?

Fijar la línea temporal en una década, por lo demás, libra a Arnoldo Ochoa de la necesidad de explicar el papel que jugó como secretario general de Gobierno en la administración de Gustavo Vázquez y gobernador interino durante la elección extraordinaria que llevó al poder a Silverio Cavazos.

Después de un año de mandato y tres evaluaciones a la gestión de Ignacio Peralta, ya está muy gastado el recurso de echarle la culpa a los 10 años anteriores. Aparte, en sentido estricto Ochoa González juega con hándicap, ha estado en la Secretaría General de Gobierno el último año y medio, desde el interinato de Ramón Pérez Díaz.

Tampoco se puede obviar que en la última parte de esa década cuando se desató la violencia atribuible a la disputa por la plaza de Colima entre los grupos de la delincuencia organizada, el actual procurador general de Justicia, José Franco Escobar, fungió como delegado de la PGR.

JIPS ACEPTA LO QUE LE TOCA:

En cambio, el gobernador José Ignacio Peralta reconoció que en materia de seguridad a su administración le “falta mucho por hacer” y “hay rezagos importantes”, pues aun cuando se han logrado avances significativos en otras áreas, las financieras (donde lo calificaron con un 100 por ciento de avance), los resultados en el tema que más le duele a los colimenses no son satisfactorios. Por ello, se comprometió a redoblar el paso.

El mandatario estatal negó que Manzanillo se le esté yendo de las manos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y explicó las circunstancias del robo de contenedores por la existencia de “muchos patios irregulares, sobre todo muchos que no están cumpliendo con las normas mínimas de seguridad y de vigilancia, para que cuenten con una cerca perimetral, con cámaras de videovigilancia, para que estén certificadas las personas que ahí trabajan para que no estén pasando información de los contenedores y de la carga que traen, es un

tema que se está trabajando de manera integral”.

Consideró necesario investigar quién es la persona cuya cabeza cercenada apareció en la Alcaldía, y “qué tipo de mensaje están queriendo enviar”. Y adelantó que se castigará a quien haya propiciado la fuga de un reo de las salas de juicios orales ubicadas a un costado del Cereso.

En pocas palabras, Nacho aceptó su responsabilidad. Nada de echarle la culpa al anterior. Nada de aludir a los índices de criminalidad de los estados vecinos y negar que la inseguridad es también un problema de gobernación (en otros estados la oficina del secretario de Gobierno se le llama, precisamente, de Gobernación). Y nada, para desesperación de muchos colimenses, de anunciar cambios en el gabinete de Seguridad.

Y SI FALTA, HAY QUE TRAER:

Que hay una fórmula distinta a echarle la culpa al antecesor, lo demostró el nuevo secretario de Salud, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, quien anunció un plan de contingencia para abastecer de insumos al Hospital Regional Universitario (HRU). Esto luego que el personal detuviera durante un par de horas la prestación de algunos servicios por la escasez de medicamentos.

Villaseñor expuso también la importancia de mantener una política permanente de capacitación y entrenamiento para uso de equipamiento, mientras se hace el programa de sustitución.

La paradoja es que en el área de Urgencia del HRU, el flamante secretario de Salud tuvo que entrar de bombero ante la terrible situación que heredó de su antecesor... Carlos Salazar, quien parece que lo único que hizo durante un año fue... quejarse del sexenio anterior.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

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