ESTACIÓN SUFRAGIO

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NO ALCANZA NI PARA AQUÍ


Que haya transparencia en las aportaciones que los priistas de Colima hagan a las campañas de su partido en otros estados, bajo el supuesto de que ésta sería una alternativa a las aportaciones indebidas del gobierno priista del estado, no es tan fácil, me dicen los propios priistas.

Ello luego que comenté en mi columna anterior que, dadas las circunstancias económicas del gobierno y del estado, sería impensable que el gobierno de Ignacio Peralta contribuyera, como ha sido la costumbre en los regímenes priistas, con las campañas del tricolor en los estados donde este año habrá elecciones, entre otras, para gobernador.

No es sencillo, me dicen. En primer lugar está el tema de los topes en los gastos de campaña, y el porcentaje que en el presupuesto para sacar adelante las candidaturas tiene el componente privado. Casi todos los recursos que los partidos en teoría pueden gastar en una elección provienen de las prerrogativas que los organismos electorales (federal y local) están autorizados a entregarles.

Pero es un secreto a voces que ningún partido invierte solo hasta donde legalmente puede gastar. Las campañas políticas se han ido haciendo cada vez más caras. Y no me canso de insistir en que el rubro en el que este país invierte más recursos públicos es en la estrategia para conservar (en el caso del partido gobernante) o alcanzar el poder.

Si bien el PRI patentó esta otra modalidad del uso patrimonialista de los recursos públicos, usar el poder para conservar el poder es un vicio en el que han incurrido todos los partidos que lograron gobernar municipios, estados o la república.

Esos fondos invertidos en campaña que exceden los topes de gasto autorizados, por supuesto, no se declaran. Y muchas veces ni siquiera dejan huella financiera, como se evidenció con aquellas maletas de dinero con las que funcionarios del gobierno de Veracruz fueron sorprendidos y que se supone constituían las aportaciones de Javier Duarte a la campaña presidencial del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

A Jenni Rivera la detuvieron una vez porque llevaba en un neceser 52 mil dólares que había cobrado en efectivo por una actuación en un palenque, y estuvieron a punto de fincarle responsabilidades por evasión fiscal. Pero Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal Electoral y todas las demás oficinas

interesadas aceptaron de buena gana la versión del tesorero de Duarte (a quien de inmediato cesaron) respecto a que esos 25 millones de pesos que llevaban los correos veracruzanos a bordo de un avión privado, eran para pagar la campaña publicitaria de las fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan.

Por lo visto, más de uno se tomó en serio mi sugerencia irónica que si el PRI de Colima quiere contribuir en serio con la campaña de Alfredo del Mazo o de algún otro de los candidatos oficialistas, postergue la construcción de su sede estatal y destine los recursos que tienen presupuestados para concluir el edificio, a tratar de conservar o recuperar los estados donde la oposición le disputa el poder al Revolucionario Institucional.

“¡Pero si apenas alcanzan las aportaciones de los militantes para los gastos ordinarios del Partido!”, expresó un priista de esos con convicciones. En este sexenio de Paralta Sánchez, me comentó, se hizo realidad el reclamo que por años había venido haciendo la oposición en el sentido que la administración priista no entregue un solo peso adicional a lo contemplado en las prerrogativas a las que el PRI tiene derecho a nivel local.

Del PRI nacional no cabe esperar mucha ayuda financiera tampoco, pues la prioridad para el comité ejecutivo nacional son los comité directivos de aquellos estados donde no gobierna el PRI. En donde el tricolor es gobierno, la responsabilidad de sostener al partido es del mandatario estatal. Como es suya la decisión de dejarlo que se rasque con sus uñas.

Otro priista, con más desencanto, explicó que es precisamente debido al interés que tiene Rogelio Rueda en terminar el edificio de Calzada Galván antes que concluya su gestión como presidente estatal, que los comités municipales no tienen recursos para lo indispensable.

En los municipios donde gobierna el PAN o el Verde, las oficinas del PRI están cerradas o funcionan con base al trabajo voluntario. En Comala e Ixtlahuacán, ayuntamientos de mayoría priista, se sostiene el respectivo comité municipal con las cuotas de militante que les descuentan a los miembros del cabildo y funcionarios de la administración. A las otros ocho dirigencias municipales al parecer no les dejan ni eso.

Que los dirigentes municipales sostuvieran al partido de su peculio llevó probablemente al PRI a designar a empresarios con mucha más ambición política que trayectoria partidista, como directivos municipales. Y cuando los agraciados se dieron cuenta que los buscaron como miembros pudientes del comité de financiamiento, y no como cuadros distinguidos y potenciales candidatos a 2018, empezaron a renunciar.

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