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CUANDO SE PASEABAN LOS FÉRETROS POR LAS CALLES.

Mi columna de este viernes (‘Si no hay helicóptero, al menos drones’) generó algunos comentarios que es pertinente retomar. Algunos mensajes que recibí son respuestas directas a lo aquí expresado y otros comparten señalamientos generales que vienen bien a la cuestión de la creciente inseguridad, la apatía ciudadana y la irresponsabilidad de las autoridades de todos los niveles.

Por respeto a los lectores que opinaron, sólo revelaré la autoría de quienes lo señalan tácitamente. De entrada, alguien coincide: “Es cierto la sociedad ha perdido la capacidad de asombro e indignación. Y –añade– los diputados se dedican a puras comparecencias que de poco y nada sirven”.

A propósito, el diputado Luis Ladino, líder de la bancada panista en el Congreso local, comunicó lo siguiente:

“Exhorté al Gobernador JIPS para que explicara ante este Congreso las estrategias de Seguridad, pero la ‘mayoría responsable’: PRI, Independientes, PVEM, PT y NA no quisieron. Me frustra ver esta situación donde menores de edad pierden la vida. Me causa impotencia y tristeza que mis compañeros interpongan colores partidistas, convirtiéndose en defensores del Gobernador y olvidando a la sociedad a quien debemos servir”.

En relación a esto, sabemos de manera oficial que los 10 alcaldes habrán de comparecer ante el Congreso del Estado con la finalidad de informar sobre las acciones que están realizando para combatir a la delincuencia. Pero no el Ejecutivo.

Los legisladores (de esa ‘mayoría responsable’) refirieron que la seguridad pública compete a los tres órdenes del Gobierno: federación, estado y municipios. No obstante, estos últimos prácticamente han guardado silencio ante los hechos delictivos que afectan a los ciudadanos.

Nicolás Contreras Cortés, cabeza de facto de las bancadas oficialistas, presentó su propuesta de citar a los 10 alcaldes de Colima en su calidad de coordinador de la fracción parlamentaria Nuestro Compromiso por Colima (los también llamados independientes).

Sin embargo, aclaró que apenas el pasado 4 de abril asistieron al Congreso los funcionarios de gobierno encargados de la seguridad, a detallarles a los legisladores las acciones que estaban realizando para combatir al crimen. Y en ese sentido consideró Nico que no tendría caso la presencia del mandatario estatal en el Poder Legislativo.

El calendario para la comparecencia de los presidentes municipales quedó de la siguiente manera: El martes, a las 10 de la mañana, el alcalde de Armería, Ernesto Márquez Guerrero, y a las cinco de la tarde el edil capitalino Héctor Insúa García. El miércoles abrirá la comparecencia el presidente de Comala, Salomón Salazar, y por la tarde el munícipe de Coquimatlán, Orlando Lino. El viernes 19 harán lo propio los alcaldes de Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, Rafael Mendoza Godínez, y Crispín Gutiérrez. El lunes 22 asistirán la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, y su homólogo de Minatitlán, Horacio Mancilla. Finalmente, el martes 23 el alcalde de Tecomán, Guadalupe García Negrete, y la señora presidenta de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León.

Insistió el diputado Contreras que la autoridad estatal compareció el 4 de abril ante esta legislatura para informar las acciones realizadas para mejorar la seguridad en la entidad. Pero “los municipios poco o nada han informado a la sociedad sobre los trabajos que realizan en materia de seguridad pública y prevención del delito”.

Eso en el ámbito parlamentario, donde el intercambio de acusaciones revela las pugnas entre el gobierno y la oposición: mientras los panistas insisten en culpar a la administración federal de Peña Nieto y a la estatal de Ignacio Peralta, “buscando llevar agua a su molino” como se dice vulgarmente, los voceros del partido gobernante tratan de aminorar los costos políticos de la violencia criminal, que sin duda será un factor en las elecciones de este año y las presidenciales de 2018.

En las redes, en cambio, la ciudadanía agarra parejo al reclamar la apatía tanto de los grupos sociales como de la clase política frente al fenómeno de la delincuencia organizada:

Un lector nos recuerda que “a finales de los setenta hubo un crimen en la Universidad de Colima. Yo era chico y creo que el estudiante se llamaba Benito. Se le achacó la muerte al gobernador Arturo Noriega por sus pugnas con los liderazgos de la Universidad y la FEC. Pasearon el féretro por las calles de la ciudad y lo colocaron frente a Palacio. Los dirigentes estudiantiles de aquel tiempo se institucionalizaron y, ahora, marchar en protesta es más complicado por la falta de liderazgos”.

Todavía “hace unos años, en un lote de autos de la Villa, asesinaron a un hermano de Teodoro Palomino, iniciador de la CNTE. Recuerdo que ha sido el único caso en que a Mario Anguiano le colocaron el féretro en la puerta de Palacio en reclamo por el homicidio”.

Una conclusión general la expresa otro lector: “Lamento tanto coincidir contigo, amigo. La ley y quienes la aplican están sordos, ciegos y mudos”.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

“a finales de los setenta hubo un crimen en la Universidad de Colima. Yo era chico y creo que el estudiante se llamaba Benito. Se le achacó la muerte al gobernador Arturo Noriega por sus pugnas con los liderazgos de la Universidad y la FEC. Pasearon el féretro por las calles de la ciudad y lo colocaron frente a Palacio. Los dirigentes estudiantiles de aquel tiempo se institucionalizaron y, ahora, marchar en protesta es más complicado por la falta de liderazgos”.
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