ESTACIÓN SUFRAGIO

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PEOR QUE EN CENTROAMÉRICA:


El subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Segob, Alberto Begné Guerra, le puso nombre y apellido a los grupos delincuenciales que operan en Colima y de los cuales casi no se habla oficialmente al tratar de explicar el aumento en delitos de alto impacto en la entidad.

El miércoles, la Secretaría de Gobernación reconoció que el aumento de violencia en el estado de Colima es por “la disputa de puntos estratégicos” entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lidera Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, y el de Sinaloa, de los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán.

Begné dijo que los asesinatos registrados en la entidad han posicionado a Colima con índices de homicidios comparables a países de Centroamérica. Por lo cual, lo que “era un estado pacifico, con buenos índices de bienestar, aceptables”, se convirtió en “un caso de alta prioridad” para el gobierno federal.

“…de pronto se nos disparan a índices de violencia altísimos que superan por mucho la media nacional, y que se colocan en los niveles de los países centroamericanos con más altos índices de violencia”, precisó el Subsecretario.

Colima, como las otras zonas que se disputan dichos grupos criminales, son identificadas por las áreas de Gobierno federal como puntos estratégicos, principalmente para la importación y exportación de marihuana, cocaína, drogas sintéticas, así como precursores químicos.

“Este es un fenómeno directamente derivado de la disputa territorial entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, por controlar el puerto de Manzanillo, y otras zonas del litoral de Colima”.

Armería y Tecomán son los otros dos municipios costeros. Pero ¿a qué responde la ola de ejecuciones en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez?, vale preguntar.

El año pasado, según los registros que el gobierno de Colima entregó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), se cometieron 600 asesinatos en esa entidad, lo que representa una tasa de 81.55 homicidios por cada 100 mil habitantes, cita Excélsior.

Según el Centro de Investigación de Crimen Organizado Internacional InSigh Crime, en Venezuela se registraron 91.8 homicidios por cada 100 mil personas; en Honduras fue de 59 por cada 100 mil y Guatemala 27.3 por cada 100 mil.

Y si piensa el lector que todavía nos falta igualar a Venezuela, país sumido en una virtual guerra civil, no olvide que estos son los homicidios reconocidos; faltaría calcular el número desaparecidos que no se incluyen en la estadística de defunciones violentas porque, sencillamente, no se han encontrado los cuerpos.

TÍRENLE AL MONO:

Al asociar la disputa territorial entre dos cárteles del narcotráfico con los índices de homicidios violentos y, en general, los delitos de alto impacto, Alberto Begné le dio una nueva dimensión al debate sobre la responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

El narcotráfico es un fenómeno que repercute en la inseguridad de manera transversal a todo el país y sus divisiones y subdivisiones políticas. Ya no se puede separar la esfera de la república, de la del estado y la de los municipios.

En las comparecencias de los diez presidentes municipales que fueron citados por el Congreso del Estado para hablar sobre la inseguridad que padece el pueblo colimense, la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, se refirió directamente a la disputa de la plaza entre cárteles de la droga.

En cambio, la intervención del edil de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez, fue tachada de aburrida por los reporteros de la fuente legislativa, porque en su municipio ahora no pasa nada. No hace mucho tiempo, sin embargo, se hablaba de esa localidad como la puerta de entrada de la droga que venía de Michoacán en su paso a la frontera norte.

Y con excepción de Héctor Insúa, munícipe capitalino, al resto de los comparecientes no les fue tan mal con los diputados. ¿La mayoría oficialista recibiño línea de criticar al alcalde de Colima?

Al panista le cargaron la mano con cuestiones irrelevantes como el fracaso de las campañas de prevención contra las adicciones (donde la responsabilidad de este y todos los ayuntamiento radica supuestamente en la ligereza con la que se autorizan expendios de alcohol).

Pero lo dejaron ir vivo en asuntos realmente graves, como el atraso que tiene Insúa en el cumplimiento de un compromiso institucional: formar una fuerza de seguridad ciudadana con al menos 150 elementos (se tienen los alrededor de 50 que dejó Federico Rangel al concluir su gestión), que vele por la tranquilidad de los vecinos y transeúntes del centro.

Mientras no haya una concurrencia de las autoridades municipales en el ámbito de acción de las autoridades estatal y federal, el tema de la venta de enervantes y las ejecuciones presuntamente ordenadas como parte de una disputa por el mercado al narcomenudeo, escapa al campo municipal tengan o no los alcaldes el mando de

la policía. En la capital, este mando lo sigue teniendo por disposición constitucional el gobernador del estado.

POR SI DE ALGO SIRVE…

Aunque algunos ediles salieron mejor librados que otros de las comparecencias, en lo general se trató de un ejercicio de rendición de cuentas que, al permitir el acceso a reporteros y fotógrafos, dio a la opinión pública la oportunidad de conocer lo que están haciendo o dejando de hacer los ayuntamientos en esa materia.

“En seguridad no le sacamos al parche”, dijo Lupillo García, alcalde de Tecomán, la localidad más golpeada por la inseguridad y donde incluso funcionarios municipales han sido levantados.

Mientras el presidente de Minatitlán, Horacio Mancilla González, siempre institucional, dijo: “Nos queda claro que la mejora en la seguridad pública no es competencia exclusiva del Gobernador del Estado, sino que es tarea de todos: tanto autoridades municipales como la propia ciudadanía”.

Ambas posturas coincidentes en lo fundamental, parecieron ser una respuesta a lo mencionado por Héctor Insúa, quien de entrada pintó su raya con los diputados al decir que la seguridad pública en la capital del estado es asunto del Gobierno del Estado.

Insúa tiene la razón jurídica, pero políticamente cometió un error pues, siendo la inseguridad uno de los temas que más preocupan a los colimenses, en lugar de lavarse las manos debió lanzar el reto al gobierno federal y al estatal para que definan de una vez por todas el modelo de coordinación en materia de seguridad que se va a aplicar en Colima:

¿Vamos a seguir en el camino hacia la integración de un mando único o vamos a terminar de recorrer el sendero que baja hacia la descentralización, y entregarle al Ayuntamiento capitalino la responsabilidad (junto con el presupuesto y los recursos extraordinarios) de la seguridad pública?

Ojalá a la Legislatura local le sirva este ejercicio para la toma de decisiones, principalmente en el diseño presupuestal y la adecuación a las normas que regulan la seguridad pública. De no suceder así, las cosas no cambiarán y en ese tema el cambio urge.

Sin embargo, no dan muchas esperanzas los congresistas. De acuerdo a lo consignado en los medios de comunicación, varios diputados desdeñaron las reuniones. Entre ellos, curiosamente, los que militan en el PAN. No asistieron ni para arropar a sus correligionarios alcaldes de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.

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