ESTACIÓN SUFRAGIO

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PROTECCIÓN A PERIODISTAS


Desde luego hubo una convocatoria pública y una especie de asamblea en la que compañeros de los medios de comunicación hicieron propuestas para los cargos de presidente y secretario ejecutivo de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico.

Días después, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez designó a los titulares de esos cargos y ayer les tomó protesta a los integrantes del citado organismo que encabeza Juan Carlos Flores Carrillo, corresponsal de La Jornada en Colima.

A algunos colegas les resulta ilógico que el mandatario estatal designe a los integrantes de esta Comisión, porque eso le resta carácter gremial y lo convierte en un órgano del estado, pero así dicen la ley promulgada por el gobernador Mario Anguiano en 2012 y su reglamento aprobado por el Congreso en 2014.

Otros colegas subrayan el absurdo de que sea el Estado, el mismo que tradicionalmente ha venido amenazando la libertad de expresión con recursos extremos como la agresión a los periodistas, el que ahora se declare garante de los “derechos especi?ficos inherentes a la naturaleza de la actividad periodi?stica, el secreto profesional, la cla?usula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes de informacio?n y los derechos de autor y de firmas”.

Sin embargo, eso tiene que ver con un cambio en la concepción del Estado, que pasó a ser benefactor y no más un poder autoritario que esgrimía, precisamente, la razón de Estado para conculcar las libertades civiles.

Aprovechando la coincidencia de la instalación de dicha Comisión con el 7 de junio (Día de la Libertad de Expresión establecido en 1951 por el presidente Miguel Alemán Valdés, y francamente ya en desuso ante la celebración que hace la ONU del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo), el gobernador Peralta señaló que durante su gobierno “no ocurrirá la tentación de reprimir a las y los periodistas, acción que considera como absurda y lesiva a los intereses colectivos, y que el respeto a la libertad de expresión se mantendrá inalterable, sin limitación hasta la conclusión de su mandato constitucional”.

En lo que fue el maravilloso Museo Nacional de la Escultura “Sebastián”, hoy transformado sin chiste en Salón de Convenciones del Complejo Administrativo, el Ejecutivo explicó que con la creación de esta Comisión se consolida el respeto a

esta profesión, y destacó que pocas entidades del país pueden acreditar tener organismo como éste.

En efecto, en Baja California Sur apenas el 1 de junio de este año la fracción del PRI presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de esa entidad.

Por lo demás, estas propuestas no siempre son bien recibidas por los legisladores, pese a que el creciente número de agresiones a periodistas en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, las haga de obligada y urgente aprobación:

El 26 de mayo el Congreso de Guanajuato rechazó en el pleno la iniciativa de ley para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, solo dos días después de que fuera aprobada en comisiones por legisladores del PRI y PAN.

Y el 6 de junio, en Puebla, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, Franco Rodríguez, descartó que pueda aprobarse una ley de protección para los periodistas, pero llamó a las instancias de seguridad pública a establecer protocolos para apoyar a los comunicadores cuando se encuentren en riesgo por el ejercicio de su profesión.

¿QUÉ SIGNIFICA INTEGRAL?

Otras es la polémica derivada del ambicioso título de una “comisión general” que promete una “protección integral” a los periodistas cuando, específicamente en Colima, no es son los riesgos a su integridad física sino la falta de estabilidad laboral, seguridad social, salarios dignos y reconocimiento público los factores que vulneran las condiciones de trabajo de los profesionales del periodismo.

Pedir una comisión que atienda las quejas de los periodistas contra empresarios de medios abusivos que no respetan la ley del trabajo ni los derechos de autor, el secreto profesional o la cláusula de conciencia de quienes escriben o se expresan en medios impresos de su propiedad o electrónicos concesionados a ellos, resulta por ahora ocioso porque esos considerandos no aparecen en la exposición de motivos de la ley ni su reglamento.

Esta es una comisión estatal que surge en el contexto nacional de agresiones a periodistas por parte de la delincuencia organizada. Y de esta manera, el gobierno de Ignacio Peralta toma distancia de un fenómeno delictivo que ha sido tolerado por las autoridades en otros estados, donde se acalla a activistas de los derechos humanos y periodistas asesinándolos.

Atribuir la responsabilidad de esos crímenes a la delincuencia organizada es un despropósito, porque la mafia no existe en abstracto. Lo que amenaza generalmente a la libertad de expresión y el derecho a la información en esos estados agobiados por la violencia es una cadena de complicidades entre autoridades corruptas, policías infiltradas y cárteles de la droga, todos los cuales

integran un auténtico Narcoestado del que también forman parte los empresarios que lavan dinero.

NOS AUTOCENSURAMOS:

En Colima no existe esa tensión por una razón muy sencilla: los medios nos autocensuramos y aun cuando se consignan en las notas policiacas hechos de sangre presuntamente relacionados con actividades criminales, tales como el trasiego de drogas o el narcomenudeo, los reporteros no se arriesgan a hacer mayores señalamientos.

Lo que la gente platica en corrillos no se expresa ni en las redes sociales, porque todos nos sentimos inseguros. Las protestas contra la inseguridad general no suelen ir acompañadas de reclamos por situaciones particulares. Y eso que Colima es puntero en el número de homicidios violentos en proporción a sus habitantes.

Esta semana, sin embargo, los operadores del servicio de transporte (con la complacencia de los concesionarios o sin ella) pasearon por la ciudad el féretro con el cuerpo de un compañero asesinado. Y lo colocaron a las puertas de Palacio y de la Casa de Gobierno, sin que ningún funcionario saliera a mostrar siquiera solidaridad.

Al comprometerse a defender la libertad de expresión y estimularla en los hechos, el mandatario estatal comentó la importancia de que no ocurran en la entidad hechos lamentables como los que suceden en otros escenarios de la vida nacional. “Por ello, quienes ejercen la libertad de expresión deben unirse y defenderse de forma solidaria, con todo el respaldo institucional para que su actuación alcance una mayor influencia”, comentó.

Y en un discurso contundente afirmó que “en esta naciente Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico se combina valía profesional, disciplina periodística, pasión por la libertad y un gran sentido de responsabilidad civil, una suma de talentos, vocaciones y convicciones que serán de gran valía para la sociedad y para las propias instituciones estatales”.

Concluyó Ignacio Peralta: “Espero que no sólo se trabaje con celo, profesionalismo y valor en la defensa y protección del ejercicio periodístico, sino que además se aliente la reflexión en torno a la libertad y sus expresiones en la entidad”.

La pregunta para chingar al amigo es: ¿esta comisión de carácter oficialista generará las condiciones para que los periodistas nos decidamos a hablar de lo que realmente está pasando y surja en Colima una Regina Martínez (corresponsal de Proceso en Veracruz), un Javier Valdés (corresponsal de La Jornada en Sinaloa) o siquiera un Héctor “el Gato” Félix (co-director de la revista Zeta de Baja California)?

Lo dudo.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se publica en el sitio web de CARVAJALBERBER: www.aacb2.com

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