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PRESUPUESTO, JUSTO Y DEMOCRÁTICO

Declaraciones como la que acaba de hacer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana, nos hace recordar el serio problema de la falta de recursos que sufre el Poder Judicial de la entidad desde hace décadas.

El magistrado presidente del STJE señaló que todavía está en etapa de análisis la forma en que se incorporaría la Justicia Laboral al Poder Judicial y que aun cuando este es un trabajo del Legislativo federal, el plazo establecido en la reforma laboral que implica la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje vence en febrero del próximo año.

El problema es que a seis meses de hacerse efectiva esta nueva disposición legal, aún no se define la figura que se aplicará para este nuevo órgano jurisdiccional, que podría ser una sala, una sala colegiada, sala unitaria o un juzgado de lo laboral, lo que implicaría -agregamos- la necesidad de asignar más recursos humanos y técnicos.

En este sentido, ex presidentes del STJE han declarado en anteriores ocasiones que no pueden echar anda este o aquel proyecto como debe ser porque no hay recursos económico-financieros asignados para cumplir con las nuevas figuras que por ley se vienen estableciendo con las reformas al marco legal de la justicia. Al final, los echan a andar como se puede, lo que limita seriamente el cumplimiento de los objetivos de la ley que las crea.

Y es que a pesar de que se habla de buscar un presupuesto justo y democrático para los tres poderes públicos, el historial indica que mientras el Ejecutivo y Legislativo han avanzado en la asignación de recursos presupuestales, el Judicial se ha rezagado de tal manera que se ha visto impedido de cumplir con funciones y obligaciones que marcan la Constitución y la ley. Ejemplos, hay bastantes, y de esto saben más los propios actores de la justicia.

Ahí ha quedado publicado cada año que mientras el Ejecutivo y el Legislativo se asignan incrementos en sus presupuestos, entre un 5 y 10%, el Judicial recibe uno o poco más del 2 por ciento, cuando crece, porque se han registrado ocasiones en las que el presupuesto de este último poder es el mismo.

El Ejecutivo y el Legislativo tienen una deuda pendiente muy grande con el Judicial. Lo ven como el patito feo al momento de repartir el pastel, pese a que la administración de la justicia es igualmente importante que realizar acciones o programas o legislar y fiscalizar en el Congreso del Estado.

Esta desigualdad e inequidad que alientan el Ejecutivo y el Legislativo en materia de presupuesto han sido compensadas con transferencias que hace el primero al Poder Judicial, pero han sido verdaderos mejorales que por tanto han provocado insuficiencias e ineficiencias en el servicio que otorgan jueces y magistrados. Ya ni pensar en el cumplimiento de nuestra Máxima Carta en el sentido de otorgar una justicia pronta y expedita.

En justicia se reconoce que el Ejecutivo es el poder que por sus funciones debiera ejercer el mayor presupuesto, como siempre ha sucedido. Sin embargo, sería justo que se equilibrara el que ejercen el Legislativo y el Judicial, reconociéndose que ambos realizan una labor igualmente importante. Ni más ni menos.

Se acercan los meses de propuestas, análisis y discusiones del presupuesto para el 2018, año electoral. Es posible que continúe la misma tendencia y el Ejecutivo y el Legislativo se autoasignen incrementos presupuestales porque estos cambios no pueden ser de un año para otro. Pero los ciudadanos verían bien si se intregrara una comisión por parte de los tres poderes para que analizara el tema presupuestal porque en realidad el Judicial requiere de más recursos para cumplir bien su función de administrar justicia y que ésta sea como lo marca la Constitución en beneficio de los ciudadanos, pero sobre todo para evitar actos de corrupción que ahí brotan.

REPESCA

HAY INCONFORMIDAD y molestia en la mayor parte de la población colimense por el clima de inseguridad que se sufre en el estado. Se entiende que las autoridades están impedidas para disminuir la inseguridad por dos razones: 1. Colima está bajo una guerra por la plaza entre dos grupos de la delincuencia organizada, en la que el gobierno no puede intervenir porque sería muy riesgoso para la integridad de los colimenses (aumentarían los “daños colaterales”), y 2. Los recursos humanos y técnicos de las policías son insuficientes para combatir con más inteligencia y eficacia los robos de autos y en casas-habitación y los asaltos en establecimientos. Sin embargo, lo que sí pueden hacer los gobiernos estatal y municipales es insistir en un trabajo de mayor coordinación y aumentar los rondines u operativos en cada uno de los municipios para inhibir o desalentar los delitos..... EL DIRECTOR del Instituto Mexicano de la Juventud, el colimense José Manuel Romero Coello, anda volando alto, pues fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Enrique Peña Nieto a la asamblea general de la Organización de Estados Americanos que se realizó en Cancún. En este marco continental se llevó a cabo la Competencia de Talento e Innovación de las Américas 2017, programa diseñado como apoyo y acelerador de negocios para las y los jóvenes emprendedores, evento en el que Romero Coello dialogó con las y los participantes sobre el trabajo que se realiza desde el IMJUVE para las juventudes de la región..... ESPIAR A los que considera enemigos del Estado es característico de un gobierno autoritario. Casi todo mundo sabe que nos espían cuando le “interesamos” a alguien y en algo. Sin embargo, cuando ese espionaje es contra periodistas y activistas reconocidos, el asunto adquiere una mayor dimensión. Por eso, el hecho de que The New York Times diera a conocer que periodistas y activistas anticorrupción de México han sido espiados por el Gobierno Federal es algo más grave que un atentado a la libertad de expresión. Va contra los derechos fundamentales de los espiados. Y en todo esto se puede dar prácticamente como un hecho que esté haciéndose esta práctica ilegal porque los propios agraviados ya sospechaban de tal acción, pero sobre todo por la reacción del gobierno, ya que ni negó ni desmintió categóricamente -sólo ha rechazado- lo establecido por el medio de EU, sino que sólo afirmó que no hay pruebas de que esté sucediendo esto. Ahora si que demuestrénmenlo.


Ex presidentes del STJE han declarado en anteriores ocasiones que no pueden echar anda este o aquel proyecto como debe ser porque no hay recursos económico-financieros asignados para cumplir con las nuevas figuras que por ley se vienen estableciendo con las reformas al marco legal de la justicia.
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