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Contra el derecho de los trabajadores


El conocido mercenario del periodismo en Colima salió otra vez a defender sus intereses económicos que adquirió con el gobierno -“logro” que no tuvo antes con los gobiernos de Silverio Cavazos Ceballos y Mario Anguiano Moreno porque éstos no le dieron las grandes sumas de dinero que les exigía-, tratando de distorsionar por enésima vez la opinión pública que suele generar con falsedades o mentiras en algunos temas al intentar hacer creer que el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, es el malo en el asunto en el que el dirigente sindical tomó la determinación de apoyar a 488 trabajadores que tienen laborando desde hace 10, 15 y hasta 20 años en el gobierno estatal y que buscan les otorguen su derecho a la sindicalización que les ha sido negada desde hace aproximadamente 15 años.

Luego de que mandaron al Secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, a declarar en “exclusiva” con el periódico del citado mercenario que el proceso de sindicalización que inició el dirigente sindical es ilegal y no tiene sustento presupuestal, además de amenazar a los trabajadores de confianza o de contrato, el empresario periodístico salió en defensa de la postura gubernamental y, como lo hace en estos casos, arremetió contra Martín Flores con una serie de declaraciones arrancadas de sus “aliados” y de editoriales del periódico.

EL tema de la sindicalización de los trabajadores no es de interés periodístico para ese medio impreso. Muchos saben que el rencor que tiene el citado mercenario periodístico contra el dirigente sindical se debe a que Martín Flores sostuvo una buena relación sindical y política con los gobiernos de Silverio Cavazos y Mario Anguiano, por lo que considera en automático al líder sindical como un enemigo suyo.

Pese a la cuestionada calidad moral y antecedentes poco edificantes que tiene de ejercer la presión y el chantaje con quien se resista a cooperar con su “causa”, el mercenario del periodismo se va otra vez contra Martín Flores porque no perdona que el dirigente sindical haya asumido la postura de solidarizarse con las dificultades económico-financieras que atraviesa cualesquier gobierno y que al final afectan a la población, aunque ahora, paradójicamente, no esté enojado porque Martín esté respaldando al actual gobierno local.

Por lo demás, hay que decir que, contrario a lo que quiere hacer creer el periódico del multicitado “periodista”, el Sindicato de Burócratas del estado cumple con los requisitos que la ley contempla para promover la sindicalización de los 488 trabajadores, por lo que la versión oficial de que el procedimiento es ilegal y que esta organización sindical haya actuado de mala fe es una falsedad porque esta sindicalización es un proceso abierto al interior del Sindicato, con apego estatutario y con la aprobación de los delegados sindicales. Es un procedimiento que se notificó al Tribunal de Arbitraje y Escalafón como admisión de nuevos miembros, lo cual quedó asentado en el expediente de registro correspondiente, por lo que deberá emitirse un lado sobre este asunto.

Si el TAE confirma su incorporación al Sindicato, los 488 burócratas que laboralmente están en el “aire” tendrán la certeza jurídica y la estabilidad laboral por las que han venido peleando, en su mayoría, desde hace 15 años. Dicho de otra manera: se trata de un proceso de regularización laboral, cuya solución se tendrá que dirimir en el TAE. Y si el laudo favorece a los trabajadores, seguramente el Sindicato puede llegar a un acuerdo con el patrón que permita la buena marcha del gobierno, ya que el nuevo gasto gubernamental sería en el tema de las prestaciones sociales y a partir del 2019.

Un desencuentro por este asunto entre sindicato y patrón dificultaría las cosas al gobierno y, al final, sería afectada la sociedad. Ya hubo una amarga experiencia hace 25 años entre ambas partes y la razón de la ley se la dieron al Sindicato, dirigido también en ese entonces por Martín Flores. Ahora debe evitarse otro episodio así y retomar el diálogo y el acuerdo en este tema, pues los trabajadores tienen derecho a las prestaciones sociales que se les han negado.

Sería muy preocupante y lamentable que en este asunto el gobierno atendiera voces como la del gatillero a sueldo del conocido periódico, pues éste sólo busca desahogar sus rencores y proteger sus intereses económicos, que no son propiamente los de un verdadero periodista que debe anteponer los intereses colectivos de la sociedad, en la que por cierto están insertados los 488 trabajadores a quienes Martín Flores busca dar seguridad laboral a ellos en beneficio de sus familias.

REPESCA

EL GOBERNADOR JIPS ha dado muestras de que sabe tomar decisiones propias y diferentes a las sugerencias que hace el grupo político priísta que opera a través del periódico del conocido mercenario del periodismo. Casi medio mundo sabe que el citado grupo venía presionando al Ejecutivo para que quitara al ahora ex Secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, para poner a uno de sus integrantes y, así, tener el absoluto control de la educación en Colima. Sin embargo, JIPS no cedió, ya que la supuesta renuncia de Oscar Hernández fue una destitución disfrazada. El puesto no será para un miembro del multicitado grupo, con quien hay un alejamiento. El mandatario tendrá que tomar en cuenta la opinión del SNTE para nombrar a quien ocupará el cargo de aquí al final de su sexenio, lo que puede abrir la puerta para la llegada de Javier Pinto, actual diputado federal y dirigente estatal de Nueva Alianza….. LAS PROPUESTAS de sanción que aprobaron todos los diputados del Congreso del Estado en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y ex funcionarios de su administración podrían tener costos políticos al PRI. No obstante, mucho depende de si los panistas llegaron o no a un acuerdo con los priístas en el sentido de no sacar raja política de estas sanciones. Hasta el momento, parece que así sería. En este contexto, el ex director del C4, Gustavo Allen Ursúa Calvario, sigue en la misma ruta de demostrar que no cometió irregularidad alguna en el manejo de los recursos en esta área de Seguridad Pública y fue a la Cámara de Diputados para promover un juicio político en contra de los diputados locales que integran la Comisión de Hacienda y del auditor superior local Armando Zamora González por difundir de manera pública señalamientos dolosos en su contra por las auditorías excepcionales. Este proceso aún no termina, pese a la cabeza tergiversada que manejó el periódico del conocido mercenario del periodismo: “Condenan a Mario a pagar $ 45 millones”. Aún falta la defensa que harán el ex gobernador e involucrados ante la Comisión de Responsabilidades, misma que en base a estos argumentos y pruebas emitirá un dictamen que también será sometido al pleno.

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