CAMINO REAL

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Si durante cincuenta años el sistema de transporte en Colima fue manejado políticamente y se dejó en manos de líderes a los que no les importaban los usuarios, por supuesto que el problema no se iba a solucionar de la noche a la mañana, puesto que se tiene que arrancar de raíz, algo que, desde luego, lleva su tiempo.

Ahora que está a debate el reciente incremento (6 a 8 pesos) en las tarifas del transporte público, debe hacerse hincapié en que la medida, pospuesta por largo tiempo, debía ser tomada de inmediato, pues ya no era posible postergar algo que requería la mayor atención, so pena de provocar tremendo caos.

La liberación en el precio de los combustibles -que de manera programada empezó desde marzo en algunos estados-, obligó a los concesionarios a acercarse a la autoridad y, desde el inicio de la administración de Ignacio Peralta, fueron invitados a dar vida a un fideicomiso, a la vez que regularizar su situación como transportistas organizados para que pudieran sentarse a dialogar y tener un acuerdo en donde ganaran todos: gobierno, concesionarios y, sobre todo, los usuarios.

Si bien el aumento de 6 a 8 pesos al transporte público puede verse como una medida impopular que afecta los bolsillos de los usuarios, lo cierto también es que de otra forma no se iba a poder mejorar el servicio, tanto en el trato a los usuarios como en las condiciones de los camiones para hacerlas cómodas. Desde ese punto de vista el incremento al pasaje no estaba a discusión.

También hay que poner énfasis en que si bien la nueva tarifa de 8 pesos puede resultar cara para quienes siempre han pagado 6 (o menos años atrás), sigue siendo la más barata comparada con otros Estados, incluidas entidades con el mismo número de habitantes.

No se trata de satanizar el incremento en la tarifa, pues a la luz de los estudios, no había otra opción, pero a la vez exigir a la autoridad que, en la medida de sus posibilidades y atribuciones -que son muchas y lo sabe Gisela Méndez, quien debe estar como navaja para entrar en acción-, obligue a los concesionarios a que den el mejor servicio, pues los usuarios lo merecen.

Entonces, si ya están platicados concesionarios y gobierno, y si ya se les autorizó el aumento a las tarifas del pasaje urbano, no queda sino esperar que las mejoras en el servicio lleguen (ya se han dado

algunas) y que, de hacerse necesario, la Secretaría de Movilidad les haga ver su suerte a los concesionarios.

MESON.- En uno de esos foros de nombre mafufo y que casi siempre son para hacer numeritos de protagonismo y arremeter contra el Estado, el presidente Peña Nieto defendió a los policías, lo que casi nadie hace en este país… Ante señalamientos de María Elena Morera, quien acusó incumplimiento de metas para disminuir los asesinatos y crímenes que, dijo, tienen proporciones bélicas, Peña Nieto respondió: “…a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones”… Nomás le faltó al Presidente decir que, en contraparte, a los criminales se les echan porras y se les trata como héroes en los medios de comunicación… Hacía falta que un Presidente saliera en defensa de la policía, pero ojalá y no se quede ahí, porque fíjese usted que es el propio gobierno quien expone al bulling a los gendarmes… ¿Cuántas veces se manda a los policías, desarmados, a “dialogar” con turbas de criminales que, fácil, los pichonean? Y si hay uno o varios muertos, invariablemente los culpables son los policías ¿Cuántas veces los policías han sido emboscados y tiroteados por maleantes?... Casos de estos se cuentan por cientos en el país… Y es seguro que las leyes de los derechos humanos han sido

aplicadas con todo rigor a los policías que se hayan atrevido a repeler un ataque o haber actuado en defensa propia… Este gobierno ha sido particularmente miope en ese sentido… Ha permitido que se maltrate -y aún se mate-, a los pocos policías honestos y trabajadores con que contamos… Tiene razón Peña Nieto, pero puede hacer más que solo quejarse… ¿CUAL ES LA URGENCIA del nayarita Joel Padilla por una nueva fracción en el Congreso local en la que estarían solo él y otra diputada del mismo pelo?… El no ser fracción ¿les impide legislar, votar, proponer iniciativas, cobrar sus quincenas y sus bonos?... No, pero lo que quieren es el dinero que se entregan a las fracciones y el correspondiente poder político… Pero no tiene la culpa el indio, pues las fracciones son uno de tantos recovecos legales inventados para echarle la uña al dinero del pueblo… ¡Arrieros somos!

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