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Batalla por la caseta de Cuyutlán

A más de un año de ese primero de enero del 2017, en el que cientos de ciudadanos salieran a las calles a manifestarse en todo el país, por el abusivo aumento a los precios de los hidrocarburos decretado por el Gobierno Federal; las protestas no solo no han cesado sino que van en aumento y cada son más las personas que se sumas a los movimientos de “desobediencia civil”, los cuales optaron como medida de presión, liberar esporádicamente las carreteras de peaje dando paso libre a todos los vehículos que circulan por distintas vías de cuota del país, acción que ha incomodado a concesionarios, y gobernadores como es el caso de José Ignacio Peralta Sánchez, que en uno de sus cotidianos “lapsus estúpidus” intento en diversas ocasiones con ayuda de la fuerza pública reprimir a los manifestantes que habían tomado la caseta de Cuyutlán, lo que resultó ser contra producente ya que solo generó una batalla entre ciudadanos y el concesionario por la caseta.

Si bien, hasta ahora la liberación de la caseta de peaje de Cuyutlán se ha llevado en paz, y no ha pasado de empujones y gritos entre los manifestantes y trabajadores de la concesionaria; sin embargo las últimas medidas tomadas por la concesionaria para impedir que sea liberada está caseta, contratando grupos de choque e impidiendo el paso vehicular con argumentos poco creíbles, son el resultado de lo que generó José Ignacio Peralta, al intervenir con la policía estatal, en un conflicto, que de inicio se encontraba fuera de su jurisdicción al ser una vía federal y no estatal, por lo que ahora el gobernador será el único culpable y responsable de lo que pueda suceder en esta pugna que él mismo alimento y que ha ido subiendo de intensidad, así como las acciones de confrontación y provocación que ha emprendido la concesionaria en contra los manifestantes y usuarios, en la que es perceptible una clara intención de generar un altercado para justificar la intervención de la fuerza pública, lo que sería muy lamentable y reprobable.

Sin duda, cada día son más las personas que se suman a los movimientos de “desobediencia civil”, así como en apoyo a la liberación de carreteras de cuotas, para hacer valer su derecho constitucional de libre tránsito por todo el territorio nacional, pero sobre todo para acabar con las injusticias y los malos gobiernos que han abusado de la población por décadas; no es concebible que en uno de los estados más pequeños del país, como lo es Colima, se tenga una de las casetas de peaje más caras de la nación, pagar de 142.00 hasta 776.00 pesos por vehículo según sus dimensiones, por un tramo de carretera de 47 kilómetros (SCT) que va de Armería a Manzanillo , que desde hace mucho debía haber sido retirada, pero los grandes ingresos que reciben todos los días, por el tráfico que genera el puerto se ha convertido en un jugoso negocio tanto para los concesionarios como para las autoridades, que han encontrado en la caseta de Cuyutlán su minita de oro.

Quizá esta sea una de las razones por la que José Ignacio Peralta, defienda con tanto celo esta caseta de peaje, probablemente “piense desde su lógica” que la caseta le genera grandes beneficios al estado, no hay que olvidar que el gobernador tiene cierta inclinación por privatizar los bienes públicos; pero también no podemos descartar que esté pagando alguna deuda adquirida como subsecretario de Comunicaciones y Trasportes (SCT), a estas alturas de la administración peralista todo es posible y incluso el pensar que tenga un interés personal él o alguno de sus funcionarios en que permanezca la caseta de Cuyutlán; de no ser así entonces fue un grave error haber intervenido en un conflicto que no era de su jurisdicción y que ahora tendrá que asumir las consecuencias.

miguelinosan@yahoo.com.mx

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