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SE CURAN EN SALUD

Mientras las representantes del primero y el segundo distrito electoral, Claudia Yáñez e Indira Vizcaíno, no acudieron al llamado que hizo el gobernador Ignacio Peralta a los seis diputados federales de Colima que a partir del 1 de septiembre formarán parte de la Legislatura, para presentarles una propuesta con acciones por más de mil millones de pesos en el presupuesto de la Federación 2019, sí estuvo en la reunión el todavía senador por la primera minoría y ex candidato a la gubernatura Jorge Luis Preciado.
Como diputado plurinominal del PAN que será en la Cámara Baja, Preciado aprovechó la ocasión para restablecer sus vínculos con el gobernador de Colima, lastimados desde la elección extraordinaria que perdió por un margen más amplio a como habían quedado los resultados de los comicios ordinarios de 2015.

Jorge Luis se pronunció en contra de la figura del coordinador general de programas sociales que, según adelantó el equipo del ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en Colima será precisamente Indira Vizcaíno.

Para el abogado Preciado Rodríguez, el propósito de AMLO de poner autoridades intermedias en los estados a través de coordinadores para suprimir las delegaciones federales, puede caer en la inconstitucionalidad.

Según el Senador, hay incertidumbre porque aún no se sabe cuál va a ser el objetivo de las coordinaciones, cómo se van a implementar y qué facultades van a tener. Todavía es muy vago el asunto, resumió en su nota para El Comentario Carlos A. Arévalo .

Le queda claro a Jorge Luis, sin embargo, que si los coordinadores se convierten en una suerte de superdelegados serán una inconstitucional autoridad intermedia entre la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado.

Y si bien invocó los artículos 115 y 116 de la Constitución para negar la existencia de una autoridad intermedia, el propio Jorge Luis acepta que todavía no se conocen los alcances de esas oficinas.

Podría estar, como muchos funcionarios del gobierno estatal, curándose en salud ante lo que se ha querido ver con los ojos de Diego Fernández (una especie de virrey que –por haber contendido con el mandatario en funciones en la elección pasada o, en el caso de Colima, por ser una aspirante natural a la gubernatura dentro de tres años–, fungirá como cuña presupuestal) y no como una medida de racionalidad económica.

MUCHOS JEFES, NINGÚN APACHE:
Visite usted delegaciones como la Sedatu, que se supone es la representación de la Secretaría de Estado que derrama gran parte de los recursos para el desarrollo municipal y estatal. Notará que el personal no es numeroso. Más bien es escaso.

En otras oficinas federales también se ha recortado la burocracia pero todas siguen teniendo un delegado, gerente o representante en el estado, que gana un sueldo cuyo monto podría repartirse entre varios empleados realmente operativos.

El gobierno federal necesita tener más apaches y menos jefes destacados en las entidades. Y requiere especialmente funcionarios que le respondan al Presidente de la República, no al Gobernador del Estado.
No por nada, sino porque esto es más razonable que desplegar una burocracia federal que, en realidad, se comporta como parte del gabinete ampliado del mandatario local.

¿Para qué queremos delegados sin dientes? Urgen enlaces que se aseguren de que el estado y los municipios pondrán su parte en los programas tri o bipartitas que la Federación aplique en Colima.

Queremos delegados que comprueben que los recursos para financiar un determinado proyecto, no se desvíen a otras partidas ni sean subejercidos.

El mejor argumento para justificar la existencia de un superdelegado es, por mencionar un proyecto, el Parque Metropolitano de Tecomán al que se le tuvieron que rasurar una veintena de acciones para que Enrique Peña Nieto cumpliera con ese compromiso de campaña.

Nadie puede entender esta lógica mejor que el senador Preciado. Pero él también sabe cuán sensible es la administración Peralta ante el tema de la coordinación de Indira y, simplemente, le está dando a Nacho por su lado.

LA LÍNEA QUE VA PARA ARRIBA:
Algunos lectores se han comunicado para hacer comentarios a lo publicado en este espacio. Por ejemplo, sobre la presunta responsabilidad del piloto de Aeroméxico, Carlos Galván, en el accidente sufrido por el vuelo 2431 al despegar de Durango:

“Una fuente de primera línea me informó que la compañía aseguradora competente en el caso del accidente de Aeroméxico en Durango se negó a pagar el seguro debido a que encontró elementos claros de que el piloto no acató la indicación de no despegar ante las adversas condiciones meteorológicas, violando el reglamento o procedimiento vigente de aeronáutica civil”, señala un amigo de esta columna que nos pide no dar su nombre.

Otro lector ya nos había referido la información de que, según funcionarios de SCT, Aeroméxico podría perder la concesión si una comisión investigadora encuentra que la línea no cumplió con todos los ordenamientos que implica la operación del jet Embraer 190 accidentado.

En el colmo, el viernes por la noche otro avión de esa misma línea con destino a Puerto Vallarta, tuvo que ser evacuado en el aeropuerto de la Ciudad de México al detectarse fuego en la cabina de pasajeros.

LA PURA FACHADA:
Respecto a la visita que hicieron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador a un hospital que, pese a estar en obra negra, fue inaugurado por el gobierno federal aprovechando que la fachada ya estaba terminada, otro lector nos recuerda:

“En Colima, las instalaciones del antiguo Hospital Civil (San Fernando esquina con Ignacio Sandoval) fue inaugurado no una sino dos veces por un presidente de la república, aun cuando el edificio no había sido concluido ni mucho menos equipado”.

El mandatario nacional en turno aceptó cortar el listón porque la fachada estaba terminada y los jardines adornados con una escultura de Vicente Rojo que semeja el Volcán de Colima.

En las dos ocasiones que fue inaugurado, desde el exterior los vidrios oscuros no permitían ver que dentro los albañiles no habían avanzada gran cosa en el proyecto de remodelación.

AGUAS NEGRAS, BIEN COBRADAS:
Sobre lo dicho por el responsable del programa Agua Limpia de la Comisión Estatal del Agua, José Manuel Pérez Montes, acerca de que el 40 por ciento de las plantas de tratamiento en el estado, no tienen un mantenimiento adecuado y por lo tanto no están funcionando al cien por ciento, otro lector nos comenta:
Tomando como referencia que la planta de tratamiento de Tijuana ha sido señala por el alcalde de Imperial Beach, una ciudad fronteriza del condado de San Diego, de estar vertiendo aguas contaminadas a la franja marítima binacional, por corrupción de las autoridades bajacalifornianas que toleran que industrias y fraccionamientos no estén conectados al drenaje sino que descarguen sus aguas residuales directamente al río, este lector nos advierte que en Colima pasa lo mismo:

“La planta de ‘tratamiento’ de aguas residuales de Colima-Villa de Álvarez vierte al río Armería aguas puercas durante los meses de lluvia. Este ‘servicio’ de saneamiento cuesta a la población 7 millones mes. En el recibo de pago a Ciapacov, está desglosado cada rubro por separado y ‘limpiar’ el agua es el más caro. Esa planta es privada y a nadie le sorprenderá saber quiénes son los dueños”.

En otras oficinas federales también se ha recortado la burocracia pero todas siguen teniendo un delegado, gerente o representante en el estado, que gana un sueldo cuyo monto podría repartirse entre varios empleados realmente operativos.
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