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EL PRECIO DEL DEBER

“No es cuento”, me dice uno de los diputados de la Legislatura que aprobó las sanciones al ex gobernador Mario Anguiano consistentes en 14 años de inhabilitación para ejercer una función pública en el estado y una multa de 515 millones 174 mil 128 pesos, exactamente el importe del desvío de recursos procedentes de un crédito detectado por el Osafig.

Que la mayoría oficialista en el Congreso diera trámite al dictamen del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima fue la condición que puso la bancada panista para votar a favor la solicitud de endeudamiento, me aclara ese mismo diputado.

Eso y que los recursos del nuevo préstamo contratado por la administración de Ignacio Peralta, 410 millones de pesos, se etiquetaran para lo que decía la solicitud: la primera fase del mentado C5i y alrededor de 200 millones para cubrir la diferencia entre el valor del predio donde se construye el nuevo campo militar en Loma de Fátima y el valor comercial del terreno que ocupa actualmente la XX Zona en Calzada Galván, porque en la permuta las cantidades no empataban.

Si el gobierno de Peralta Sánchez no gasta el dinero en lo que dice el decreto, podría hacerse acreedor a una sanción similar a la que recibió Mario Anguiano. En la presente administración se rompió el tabú de que un mandatario estatal no persigue a su antecesor. Esa era una facultad metaconstitucional del presidente de la república, en la lógica del PRI.

“Nosotros cumplimos”, me dice el diputado. Y añade que la responsabilidad de exigir el pago de los más de 500 millones de pesos no recaerá en la Legislatura que entra en funciones este lunes 1º de octubre sino del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que fue creado con esos mismos fines, y a cuyo frente quedó el ex coordinador de la Consultoría Jurídica del Gobierno del Estado, Andrés García Noriega.

ADMINISTRAR EL CONFLICTO:
Que el TJA asuma la tarea de ejecutar la sanciones, piensa esta columnista y seguramente muchos lectores, hace irrelevante que el ex gobernador Anguiano tenga cuatro o cinco aliados políticos entre la fracción lopezobradorista (Morena, PT, PES) del Congreso local.
Será un funcionario vinculado al gobernador Peralta quien decida el ritmo con el que se llevará a cabo el litigio que presumiblemente iniciará Anguiano Moreno para defenderse de la sanción económica (la inhabilitación, ya dijimos, le importa un pito pues qué ex gobernador quiere volver a ser alcalde o diputado local).

Y en caso que Mario se ampare (resulta lógico contrariar una resolución que multa al responsable por una cantidad igual al desvío, cuando señala el Osafig que los 500 millones se desviaron, no se los robaron), los magistrados del TJA decidirán si combaten el recurso o… se dejan ganar.

Lo más importante, su posición les permite ‘administrar el conflicto’, esto es, alargar el juicio hasta el final del sexenio que será también el final de la Legislatura donde los anguianistas tendrán un significativo número de diputados, cantidad estratégica para decidir el sentido de las votaciones.

¿NO QUE NO IBAS A LLORAR POR MÍ?
Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto modificar el reparto de plurinominales en el Congreso local de Colima, es una buena y una mala noticia para los interesados.

Buena, porque lo hace con suficiente antelación como para planear la instalación de la LIX Legislatura. Mala, porque altera la composición de las fracciones parlamentarias.

Ahora resulta que el PRI ya no tiene cuatro diputados sino tres, que el PAN ya no tiene tres sino dos y que recuperan sus curules el Partido Verde y Nueva Alianza.

“¿Y ahora qué hacemos con las palabras?, ¿nos las comemos?”, dirán los actores políticos que se apresuraron a romper con sus viejos aliados y a tender puentes de comunicación con potenciales socios.

¿Siempre no rompe el Verde con el PRI? ¿No que no necesitaba el PRI a sus antiguos incondicionales del PVEM y el Panal?

No es tan fácil como desdecirse. Martha Meza y su manager político Nabor Ochoa regresan al recinto parlamentario cuando ya quedó claro que los ecologistas a nivel nacional pactaron con el gobierno de López Obrador. Además, está cantado el pleito con los operadores políticos de Ignacio Peralta.

Rosalva Farías y su manager Javier Pinto recuperan su peso específico en el Poder Legislativo, pero cuando ya la cúpula magisterial a la que ellos responden está alineada con el régimen de la Cuarta Transformación, el mismo gobierno entrante con el que acordaron una contrarreforma educativa que respete las conquistas sindicales.

Ahora la bancada priista en el Congreso está a dos votos menos que antes de lograr un control legislativo por la vía de la negociación personal con esos diputados que tienen más ADN priista que morenista. Y eso encarece el voto verde y el aliancista.

SÓLO PARA MUJERES:
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ya se vio que los operadores de la mayoría de Morena se pasan de listos. No son tan tontos como los han querido presentar los opinadores que se afanan en mostrar una bancada carente de oficio político.

Tras filtrar su nombre y percibir un rechazo a la propuesta de colocar al cantante, actor, productor, modelo y bailarín exótico Sergio Mayer en la presidencia de la Comisión de Cultura, la cúpula morenista acordó entregar esa posición al Partido Encuentro Social de abierta ideología cristiano-evangélica.

¿Cómo iba a quedar una comisión tan importante para decidir los presupuestos y los proyectos que se apoyan con esos recursos para arte y cultura, en manos de políticos inexpertos y obtusos que están en contra de la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o de los matrimonios igualitarios?, clamaron intelectuales como Sabina Berman.

Después de la finta, la comisión regresó a manos de Morena y se la asignaron a Sergio Mayer. Y ahora todos contentos en el mundo de la farándula y la creación artística.

Todos, menos los que quisieron sabotear la designación difundiendo o infundiendo un tuit en el que el diputado Meyer festejaba el hecho con faltas de ortografía.

Si el gobierno de Peralta Sánchez no gasta el dinero en lo que dice el decreto, podría hacerse acreedor a una sanción similar a la que recibió Mario Anguiano. En la presente administración se rompió el tabú de que un mandatario estatal no persigue a su antecesor. Esa era una facultad metaconstitucional del presidente de la república, en la lógica del PRI.
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