Desde la Curul 26

articulo

SE LES FUE VIVO MAM...

Tuvieron que transcurrir tres años para que los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, sí, la que se fue en medio de la oscuridad, apenas pasada la medianoche, el 30 de septiembre anterior, cerrara con broche de oro su actuación, perdonando de casi todos sus pecadillos al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, desechando de plano todos los juicios que se estaban llevando en la Comisión de Responsabilidades y ordenando su archivo como asuntos totalmente concluidos.

Sin informar a nadie, no sé si se les dio a conocer a los 25 diputados y diputadas salientes, el caso es que el 29 de septiembre, el presidente de la Comisión de Responsabilidades de la Quincuagésimo Octava Legislatura, Riult Rivera Gutiérrez, ordenó archivar todos los asuntos que se estaban llevando en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, acusado de lindura y media, por lo que pretendieron llevarlo a la hoguera.

Sin embargo prácticamente se les fue vivo, pues de todos los recursos que se interpusieron en su contra, solamente en el caso de los 638 millones de pesos, la Comisión de Responsabilidades presentó el dictamen respecto al procedimiento de responsabilidad administrativa que se instauró en su contra.

Todo había comenzado aquél 30 de septiembre de 2015, el último día de la Quincuagésimo Séptima Legislatura, cuando un grupo de diputados panistas incluido el diputado perredista Francisco Javier Rodríguez García, que hoy regresó como integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura, entregaron un documento leído en tribuna, para solicitar se le instaurara Juicio Político a Mario Anguiano Moreno, por todo el desaseo que existía en el manejo de los recursos públicos.

Ya fue en la Quincuagésimo Octava Legislatura, donde a través de la Comisión de Responsabilidades se le dio entrada y se inició dicho juicio, el cual se llevó tres años, para finalmente concluir, por la propia Comisión de Responsabilidades, aunque con nueva administración (hay que recordar que primero la presidente era Julia Jiménez y posteriormente se le transfirió a Riult Rivera, cuando Julia Jiménez, se fue como dirigente del PAN), que no existían elementos siquiera para haberle dado entrada a esa solicitud de juicio político.

En la última entrevista que le realicé a Riult Rivera, como diputado en funciones de la anterior Legislatura, me confió que no alcanzó a solventar todos los asuntos, “…algunos de ellos sí se resolvieron (ordenando su) archivo, porque están solventados, o porque después de que emplazamos, lograron solventar y al no haber ninguna sanción que imponer, no se llevaron al pleno, sino que se archivaron directamente”, destacando que así lo contempla la ley.

Según Riult Rivera, incluso los propios diputados no entendían las cuestiones jurídicas y preguntaban que por qué si en el dictamen original se contemplaban muchas personas, por qué al final solo se sancionaban a tres o cuatro, “…pero era la forma en que se trabajaba antes, hoy no; hoy cada quien (de los imputados) sube con su causa y abajo viene la sanción que se le impone; si se dio el caso que solventó lo que se le observaba, ya no se subía su causa, porque no se le iba a imponer ninguna sanción, entonces se ordenaba su archivo y se le daba vista al órgano fiscalizador, ese es el procedimiento”.

El ex presidente de la Comisión de Responsabilidades afirmó que dejó muy poco rezago, porque dijo que las cuentas 2016, traían una característica, “…que la gran mayoría eran solo amonestaciones o sanciones mínimas, y en una gran cantidad no somos competentes nosotros para conocerlas, pero además de eso, con las nuevas reglas, hay prescripción de algunas opciones que vienen ahí, entonces venía muy corto en materia de sanciones, por lo que estuvimos archivando algunas de ellas por haberlas solventados o por no ser nosotros competentes o ser improcedente incluso la sanción”.

Así de esta manera las más de 200 personas señaladas en las cuentas públicas de 2016, evadieron las observaciones que se habían aprobado por el pleno del Congreso, cuando fueron propuestas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos, y en aquellos casos donde la causa no fue desechada o archivada, quedarán para que sea la actual Quincuagésimo Novena Legislatura, la que imponga la sanción correspondiente.

Riult Rivera en descargo suyo, afirmó que a él le hubiera gustado que todos los amparos interpuestos se hubieran resuelto con mayor tiempo, o más antelación, para haber dado paso a las sanciones correspondientes y no esperar hasta el último momento, como ocurrió con el caso de Mario Anguiano, respecto al crédito por los 638 millones de pesos.

Expresó que en la Comisión de Responsabilidades los asuntos están resueltos desde hace mucho tiempo, sin embargo por encontrarse amparados los actores, no fue posible llevar al pleno el dictamen de referencia, “…lamentablemente no podíamos concluir por eso, como yo hubiera deseado”

La inhabilitación…

Lo más que pudieron, o quisieron hacer los anteriores diputados, en contra del ex gobernador Mario Anguiano, fue tres días antes de terminar su gestión administrativa, presentar el dictamen que contenía el juicio de responsabilidad administrativa referente al expediente número 20/2016, relacionado con aquellos dos créditos por 638 millones de pesos, que se contrataron en diciembre de 2015, para cubrir, dos créditos que había dejado prácticamente vencidos el ex gobernador y que se habían destinado a gasto corriente, cuando debieron haberse destinado a infraestructura pública productiva

Quien fuera presidente de la Comisión de Responsabilidades, Riult Rivera, se defiende, y dice que los asuntos que mandó archivar, es porque no existió evidencia suficiente para haber fincado responsabilidades.

Afirmó que respecto al crédito por los 638 millones de pesos, fue substanciado y resuelto, donde de todos los señalados, únicamente les resultó responsabilidad a tres personas: al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, a quien se aprobó aplicar una sanción económica resarcitoria directa por 515 millones 174 mil 928 pesos, además de inhabilitarlo para ocupar cargos públicos en el Estado y los municipios por 14 años.

Esa sanción aprobada por los diputados de la anterior Legislatura, Riult Rivera sabe que el ex gobernador Anguiano Moreno, aún tiene la posibilidad de seguirse defendiendo, esto una vez publicado el decreto en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, esto al igual que los otros imputados que fueron sancionados.

Hay que decir que en el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado tras el proceso de revisión excepcional al Poder Ejecutivo, relacionado con empréstitos autorizados en el Decreto 565 del 21 de septiembre de 2015, se ordenó sancionar al ex Secretario General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y a la ex Secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández, con inhabilitación por cinco y cuatro años, respectivamente, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal.

A Mario Anguiano, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Avalos Fernández, les queda la posibilidad de acudir a solicitar un amparo ante la autoridad federal jurisdiccional, específicamente ante el Juez de Distrito, que sería el único que puede ordenar una modificación a la sanción aprobada, o bien ratificarla en sus términos.

Respecto a quién le toca cobrar los 515 millones 174 mil pesos, que le impusieron de sanción a Mario Anguiano, es la Contraloría del Estado, a quien por ley le corresponde hacerlo, para ello se debe sustanciar un procedimiento para solicitar el reintegro de los recursos públicos, ya que son recursos del estado.

Hay que señalar que en lo que respecta a la cuestión administrativa, el asunto referente a los 638 millones de pesos, quedó subsanado plenamente, pero hay que recordar que por este mismo asunto, se está siguiendo una causa penal en la Fiscalía General del Estado, donde a pesar de que desde el mes de junio de 2016, se interpusieron las denuncias correspondientes éstas no han caminado con la celeridad que muchos quisieran.

Riult Rivera lo sabía, y por eso cuando platicamos del asunto el último día que fue diputado, reconoció que al estar en otra cancha el asunto penal, es una cuestión totalmente distinta a la responsabilidad administrativa, en donde la Fiscalía pueden concluir la denuncia sancionando a los imputados, pero puede también que no encuentren elementos suficientes para tipificar algún tipo de delito.


Lo que le hallaron a MAM… Falseó información

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la conclusión del Juicio de Responsabilidades Administrativas por el desvío de recursos económicos por 638 millones de pesos, por lo que las sanciones que le impusieron al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, son por haber presentado información falsa al Congreso del Estado.

Anguiano Moreno, en su iniciativa del diez de septiembre de 2015, en la que solicitó reconocimiento de deuda, por haber adquirido deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente, no se apegó a la verdad y engañó al Congreso del Estado.

Se destacó que el Decreto 565 del 20 de septiembre de 2015, en su artículo primero autorizó al Poder Ejecutivo refinanciar pasivos de corto plazo, destinados a inversión pública productiva, hasta por un monto de 638 millones de pesos.

De acuerdo a los artículos 134 y 117 de la Constitución General de la República, establecen que los estados y municipios podrán contraer empréstitos sólo si se destinan a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura y en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Esos recursos que fueron obtenidos por la administración anguianista vía crédito bancario para actividades productivas, fueron utilizados “para pagos de nómina, entrega a ayuntamientos y otros gastos más distintos al objetivo inicial: actividades productivas”.

En el documento relativo al expediente No.20/2016, referente al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa instaurado en contra de Mario Anguiano Moreno, ex Gobernador del Estado de Colima; Rafael Gutiérrez Villalobos, ex Secretario General de Gobierno; Blanca Isabel Avalos Fernández, ex Secretaria de Finanzas, solo a ellos se les fincaron responsabilidades.

El documento discutido también incluía a Adriana Elizabeth Vargas Valle, Directora General de Egresos; Jorge Anguiano Olmos, Director de Presupuesto y a Ricardo Miguel Arteaga González, entonces Coordinador General de la Dirección General de Egresos y posteriormente Director de Presupuesto, adscrito a la Secretaria de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de Colima, sin embargo éstos fueron exonerados al no habérseles encontrado responsabilidad.

Los señalados fueron citados a comparecer y exponer lo que a su juicio conviniera respecto a los actos y observaciones que se les imputaban en el juicio materia de éste proceso de responsabilidad administrativa y se contienen en el Decreto numero 112 (ciento doce) aprobado y expedido el 17 de junio de 2016, con el que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016, del resultado de la Situación excepcional con clave y número EXCEPCIÓN/01/2016, de Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

De acuerdo al dictamen aprobado se explicó que Blanca Isabel Ávalos Fernández y Rafael Gutiérrez Villalobos, no obstante a haber sido debidamente notificados y transcurrido los 15 días hábiles contados a partir de su notificación para dar respuesta a los hechos atribuidos a su persona, no comparecen ni presentan escrito de contestación a dichos hechos, por tanto se presume que renuncian a su derecho de ofrecer pruebas de su parte y a alegar.

El artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, señala que los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública se destinarán a inversión pública productiva y a la reestructura y refinanciamiento de deuda pública que se hubiera adquirido para aplicarse a inversión pública.

Por eso fue que se le aplicó a Mario Anguiano, una sanción económica directa por 515 millones 174 mil 928 pesos, donde se desprende de un traspaso a Banorte por 125 millones 174 mil 928 pesos, del que no se acreditaron pagos por concepto de infraestructura pública productiva, como se había precisado en el Decreto 565.

Otro concepto de pago que se hicieron por el ex gobernador Anguiano, fue a cubrir el saldo de un crédito de HSBC por 190 millones de pesos, cuya cantidad fue destinada para cubrir diferentes conceptos, de los que ninguno corresponde a infraestructura pública productiva.

Además se cubrió el saldo de un crédito de BBVA Bancomer por 200 millones de pesos, destinados para cubrir el reembolso de fondos federales, pago de capital de préstamos, pago de intereses, préstamos a municipios, gasto a cuenta corriente, compra de bienes muebles, participación a municipios y organismos de gobierno.

El dictamen de la Comisión de Responsabilidades aclara que los recursos no fueron sustraídos ni se causó un menoscabo a los caudales públicos, sino que se utilizaron para la operatividad del Gobierno del Estado, y hubo aplicaciones para fines distintos a los autorizados, que es lo que sanciona.

Por eso la Comisión de Responsabilidades propuso imponer la sanción resarcitoria para Anguiano Moreno, al haberse demostrado la distracción de recursos públicos de los fines a que estaban destinados, pues a decir de la comisión dictaminadora “…No podemos pasar por alto que la responsabilidad del control, vigilancia y manejo de los recursos públicos estatales, recae directamente en el representante Constitucional del Estado, como máxima autoridad ejecutiva estatal”.

Para cerrar…

**Sin ponerse de acuerdo

Vaya desgarriate se ha armado al interior del Congreso del Estado, donde las nuevas mayorías, a pesar de superar ampliamente a los demás partidos, no llegan a los acuerdos y a los consensos, y es que cada fracción legislativo de lo que fue “Nuestro Compromiso por Colima”, quiere llevarse todo.

Ya transcurrió una semana y a pesar de que se han efectuado tres sesiones ordinarias, no han sido capaces de nombrar a los funcionarios que los estarán apoyando en el trabajo administrativo y legislativo.

Apenas este viernes fue posible nombrar al Oficial Mayor del Congreso, cargo que recayó en la persona de Armando Carrillo Cárdenas, un jubilado de la Comisión Federal de Electricidad, egresado del Tecnológico de Colima.

El resto de los cargos siguen en suspenso… el viernes por la tarde se rumoró que a las 20:00 horas les darían posesión, incluso hasta se citó a sus antecesores para hacer la entrega-recepción, pero no ocurrió tal cosa.

La noche del viernes, se dijo que la entrega se haría hasta el sábado, y luego que hasta este el lunes.

Habrá que ver si de veras hoy lunes se conocen los nombramientos…

A lo que me han comentado es que cada grupo quiere meter a los suyos, incluyendo aquellos que no son ni coordinadores, como es el caso de Vladimir Parra, quien de plano ya "agandalló" al coordinador de MORENA, Miguel Ángel Sánchez, quien es el presidente de la Comisión de Gobierno Interno, de membrete, porque quien está tomando las decisiones, es otro.

Incluso ese otro, como se siente el presidente de dicha comisión de Gobierno Interno, me comentaron que pidió se le asignaran dos cajones de estacionamiento y dos oficinas, pues quiere tener a su gente a su lado; trae a su propio fotógrafo a quien quiere imponer como Director de Comunicación Social, junto con otras tres gentes y eso que es tan solo uno más del grupo parlamentario de MORENA, al cual se pasó en la primera sesión ordinaria, pues él llegó por otro grupo parlamentario.

Por lo pronto esta semana ya le empezaron a bajar al ritmo de trabajo y si en la primera semana realizaron cuatro sesiones; para esta que recién inicia este lunes, convocaron hasta el próximo jueves, como que la euforia empieza a disminuir.

Yo hasta aquí le dejo, ya “Desde la Curul 26” le informaré lo que esté sucediendo, por lo pronto déjeme decirle que una decisión de la mayoría del Congreso, fue citar a comparecer al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para que amplíe la información del tercer informe de labores, ya le comentaré conforme vayan ocurriendo las cosas… hasta la siguiente.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la conclusión del Juicio de Responsabilidades Administrativas por el desvío de recursos económicos por 638 millones de pesos, por lo que las sanciones que le impusieron al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, son por haber presentado información falsa al Congreso del Estado.
Ultimo Minuto
Subir