Comunicado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima

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Ante la inminente suspensión del Programa de Estancias Infantiles y la anunciada interrupción de la convocatoria para la asignación de subsidios para el funcionamiento de los refugios de mujeres y sus hijas e hijos que viven violencia; la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y su Consejo Ciudadano, a través del presente comunicado, hace un llamado respetuoso al Ejecutivo Federal para que se dé curso al presupuesto de estos conceptos en los términos asignados por el Legislativo, en virtud de que dichas designaciones contribuyen a la equidad de género y permiten a mujeres que son víctimas de violencia el acceso a una vida libre de ella.

Ha quedado acreditado, que el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, constituye una medida que favorece el desarrollo de los niños y niñas y a su vez contribuye a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de madres, padres solos y tutores.

Estas estancias proporcionan la certeza a padres y madres mientras desarrollan sus labores, que sus hijos están siendo atendidos de forma adecuada.

Consideramos que la cancelación de este programa y el otorgamiento de apoyos económicos hacía los padres y madres para el cuidado y la atención infantil; constituyen medidas que atentan contra la perspectiva de género, pues afectará la permanencia en los espacios laborales de las mujeres, lo que deteriora la igualdad sustantiva en sus derechos para acceder a un empleo y limita el acceso a sus demás derechos.

Lo anterior se sustenta en que la incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado, conlleva a que muchas de ellas se enfrenten a obstáculos que les

impidan participar plenamente, debido a la carga del trabajo no remunerado y a los tradicionales roles de género.

El Estado de Colima mantiene la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde el año de 2017, la cual requiere acciones de los tres órdenes de gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, pero sobre todo para desconstruir aquellos prejuicios y obstáculos que impide el acceso efectivo a sus derechos humanos y la protección de sus autoridades para erradicar la violencia en todas sus formas y modalidades.

La violencia de género es un problema que demanda una atención especializada y progresiva por parte del Estado en su conjunto.

El marco jurídico que se ha dado en el Estado Mexicano, contempla como una de sus obligaciones la de “suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”.

Por lo anterior, esta Comisión ve con preocupación la eventual suspensión de la convocatoria para el otorgamiento de subsidios de los refugios que se encargan de garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas.

Y hace un llamado al Ejecutivo Federal para que dicte las medidas pertinentes que aseguren la continuidad de los programas federales que contribuyen a la igualdad de género y para que las políticas públicas que se emprendan en el futuro incorporen las perspectivas de género y de derechos humanos.

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