++Se elimina la comparecencia obligatoria ante el Juez Cívico y se reduce el plazo del descuento máximo de 15 a solo 5 días
++ Advierten sobre la ilegalidad de retener licencias y tarjetas de circulación, práctica expresamente prohibida por la Ley de Movilidad Sustentable del Estado
++Hostigar al ciudadano con el propósito de recaudar más dinero y tapar sus tropelías al frente de la administración municipal, expresó
COLIMA, COL. — La reciente propuesta de reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima representa un grave retroceso institucional que desmantela el Modelo de Justicia Cívica para convertirlo en un instrumento de recaudación financiera y hostigamiento ciudadano, advirtió la Regidora de Morena Azucena López Legorreta.
Durante la fijación de postura, en la Sesión Ordinaria de Cabildo acta no. 93, señaló que la iniciativa impulsada por la administración del alcalde Riult Rivera elimina la audiencia previa ante el Juez Cívico como elemento ordinario del procedimiento, priorizando el cobro inmediato sobre la evaluación individualizada de las sanciones, la reincidencia y las condiciones socioeconómicas del infractor, lo que lo convierte en un esquema inequitativo y con fines recaudatorios.
Al respecto, López Legorreta, explicó que entre las modificaciones más críticas destaca la reducción del plazo para acceder al descuento del 50% en el pago de multas, el cual pasa de 15 a solo 5 días hábiles, reduciéndose al 25% a partir del sexto día.
Denunció la también presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, que este esquema castiga la liquidez económica del ciudadano más vulnerable: quienes cuentan con recursos inmediatos obtienen el beneficio completo, mientras que los trabajadores que dependen de su quincena terminan pagando más por la misma infracción. “Esta prisa por cobrar coincide de manera sospechosa con las recientes dificultades del Ayuntamiento para cubrir la nómina y los compromisos financieros de fin de año”, enfatizó.
“Esto no es simplificación administrativa, ni mucho menos digitalización, esto es tomar un Modelo que tenía como objetivo reconstruir el tejido social para convertirlo en un arma de hostigamiento para asaltar al ciudadano solo con el propósito de recaudar más dinero y tapar sus tropelías al frente de la administración municipal.” Recalcó.
Azucena López, destacó diversas violaciones legales y conceptuales así como la presencia de incertidumbre jurídica contenidas en el dictamen de reforma:
• Retención ilegal de documentos (Art. 241 Bis): Pretende facultar la retención de licencias de conducir y tarjetas de circulación como «medidas de garantía», lo cual contraviene directamente el artículo 185 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, que prohíbe expresamente dicha práctica en vehículos privados.
• Presunción de culpabilidad: Establece que la no comparecencia del ciudadano se interpretará como una aceptación de la infracción, transformando la ausencia en una confesión administrativa sin fundamento legal.
• Discrecionalidad en reincidencias (Art. 240): Aumenta el monto de las sanciones sin definir fórmulas, porcentajes ni límites claros, dejando a criterio de la autoridad el cálculo del cobro.
La regidora de Morena enfatizó que la seguridad vial no mejora aumentando los ingresos de Tesorería, sino previniendo conductas de riesgo y fortaleciendo el tejido social, propósito original del Modelo de Justicia Cívica impulsado desde 2018.
Finalmente, reiteró el compromiso de defender a las y los colimenses frente a medidas arbitrarias.
