Por César Barrera Vázquez
Lo que dice el presupuesto
Si la gobernadora Indira Vizcaíno seguirá utilizando el argumento del robo y la corrupción como la principal causa de la crisis financiera del estado en la pasada administración, entonces debió presentar un paquete fiscal cuyo gasto fuera menor o igual al del 2021, 2020 o 2019.
Esto en el entendido de que si antes no ajustaba el dinero público porque se lo robaban o lo dilapidaban, pues ahora sí ajustará con un gobierno honesto y austero. Bajo esa premisa, ¿por qué sería necesario incrementar el gasto si ya no están los que se robaban la lana?
Al incrementar el gasto público un 6 por ciento con relación a este 2021, un 9 por ciento a comparación del 2020 y un 2 por ciento al compararse con el presupuesto del 2019 –año prepandémico–, Indira le da la razón que el problema de liquidez del estado se debió a la falta de ingresos y no a un tema de corrupción.
Porque si fuera un tema de raterías, ajustaría con un presupuesto similar al de este año –con el ajuste inflacionario—para hacerle frente a los compromisos del gobierno, en el entendido de que ahora el dinero no se desviará ni malversará, sino que se administrará con un sentido de honestidad y austeridad republicana.
¿Qué mejor manera de demostrar, en los hechos, que el gobierno de Peralta dilapidó y malversó el dinero de las y los colimenses, administrando adecuadamente una cantidad presupuestaria de recursos similar a la de este 2021?
Lo anterior es necesario si quieren que realmente sea creíble el discurso oficial de la corrupción y las raterías, como la causa del impago a los trabajadores y la crisis financiera del último tramo de la pasada administración. En ese sentido, debieron adaptar el presupuesto 2021 a esta lógica discursiva, pues al aumentarlo se contradice este mensaje de que la corrupción fue la causa de la debacle financiera en el gobierno pasado.
Ahora bien, una cosa es lo que se aprueba y otra, muy diferente, lo que entra y se gasta. Por ejemplo, en el 2019 se presupuestó un gasto de 18 mil 137 millones 670 mil pesos, pero al final se gastó e ingresó al estado 18 mil 970 millones 677 mil 388 pesos. De igual forma, en el 2020 el gasto presupuestado fue de 17 mil 24 millones de pesos, aunque al final se gastó realmente 19 mil 19 millones 519 mil 621 pesos.
Al no presuponer un gasto que no supere los 17 mil millones de pesos, el gobierno de Indira Vizcaíno requerirá de créditos a corto plazo o recursos extraordinarios, sin los cuales no tendrá la suficiente liquidez para el pago de la nómina estatal y sus obligaciones.
Esta debilidad en la estructura financiera del estado está plenamente identificada por las calificadoras de riesgo. De ahí que si no se reforma el pacto fiscal para que a Colima le lleguen más recursos –vía el puerto–, entonces requerirá, cada vez más, de apoyos extraordinarios o la adquisición de financiamientos de corto plazo.
La buena noticia, en ese sentido, es que el presidente López Obrador se comprometió a respaldar financieramente al gobierno de Indira Vizcaíno, aunque no se sabe si lo hará a través de adelanto de participaciones o apoyos extraordinarios.
Lo ideal sería que el gobierno mandara recursos extraordinarios, aunque si nos atenemos a los indicadores de los últimos tres años, los recursos extraordinarios disminuyeron hasta casi desaparecer. Eso también ya se tiene confirmado en los análisis financieros de las calificadoras de riesgo.
Si antes no llegaban los recursos ni el apoyo extraordinario porque el gobierno era priista –y también por temor a que se malversara, como se afirma en el discurso oficial–, ahora ya no hay pretextos para que estos recursos lleguen, se incrementen los apoyos al estado y se mejoren las condiciones de desarrollo de la entidad.
El presidente tiene que cumplir su palabra y apoyar al gobierno de Indira Vizcaíno, porque de lo contrario le estaría dando la razón a quienes argumentan que esta crisis del estado es un reflejo del abandono y la falta de apoyo del gobierno federal.
Dos puntos
La inflación está creciendo cada vez más, y este es un factor que debe preocupar al gobierno federal y también al estatal. El descontento popular crece cuando no ajusta ni para lo más elemental. De continuar la precarización del nivel adquisitivo, podría crecer el rechazo a esta nueva clase política, que a tres años no ha cumplido con las expectativa históricas que generó en el 2018.
