Por César Barrera Vázquez
¿Legalidad o hipocresía?
Ayer las y los diputados de Morena desecharon de la iniciativa de estímulos fiscales para el municipio de Colima, unos puntos relativos a descuentos del 100% en el pago del predial, correspondiente a los años 2020, 2019 y anteriores.
Arguyeron, las y los diputados del bloque oficialista al gobierno del estado y sus aliados, que estos incentivos fiscales eran condonaciones y violaban el artículo 28 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.
Los legisladores de la oposición argumentaron, a su vez, que el mismo tecnicismo lo aplicaba el gobierno de Indira Vizcaíno al subsidiar la tenencia, y que el fondo del problema no era jurídico, sino político-partidista.
Y fue así, en ese sentido, porque si hubiera sido jurídico, la diputada Andrea Naranjo y el diputado Alfredo, ambos de Morena, no hubieran aprobado con su voto el dictamen dentro de la comisión de Hacienda, donde se habría podido subsanar cualquier observación en el plano legal.
El asunto nunca fue jurídico, porque los legisladores en mención votaron a favor por el dictamen y luego traicionaron ese voto al sufragar en contra, ya en el pleno. Y lo anterior revela un cariz preocupante, un modo de pensar de las y los legisladores de Morena que amenaza a la institucionalidad y amaga con soliviantar la confrontación política.
Porque si las y los legisladores rechazaron una iniciativa de un gobierno de oposición que beneficiaba a la población de Colima, arguyendo que se violentaba la constitución, ¿entonces por qué desecharon también el exhorto para que el gobierno de Indira Vizcaíno respetara el escudo oficial del estado, modificado con los colores de Morena? De fondo, los dos son el mismo tema: el respeto al orden constitucional, a las leyes. Entonces, ¿por qué la incongruencia?
En un caso arguyen que por respetar el artículo 28 constitucional no pueden dar descuentos del 100 por ciento en el pago de los prediales 2020, 2019 y años anteriores, pero en el otro soslayan e incumplen con lo que dice el artículo 134, también constitucional, con el escudo oficial pintado de Morena.
Vuelvo a lo mismo: ¿dónde está la congruencia? ¿Por qué voto en contra de una iniciativa que beneficiaba claramente a la población, pretextando que es un apoyo anticonstitucional, pero luego defiendo al gobierno que claramente está violando la constitución al pintar el escudo oficial del color guinda –color alusivo a Morena—y que viola un decreto que el mismo congreso aprobó?
Estos detalles, estas omisiones, transgresiones a los ordenamientos jurídicos vigentes pueden generar una crisis de institucionalidad que desate una guerra entre todos los grupos políticos del estado, porque si ya no se respeta la ley o solo un poquito o sólo en lo que me conviene políticamente, ¿entonces cuáles son las reglas válidas?
Con votar en contra de esta iniciativa que beneficiaba a la población de Colima, así como al rechazar el exhorto para que el gobierno estatal respetara el diseño regulado por el decreto 122 del escudo oficial, se manda un mensaje de anarquía y de confrontación.
Porque si no respeto el orden constitucional, los mismos decretos que la legislatura local aprueba, ¿entonces qué garantías hay de que se respetarán las demás leyes, así como los acuerdos políticos emanados de estas disposiciones? Si ya vimos que las y los legisladores de Morena no les importa afectar a la población quitándoles un beneficio fiscal en el predial y tampoco les importa violar su propio decreto para no contrariar al poder ejecutivo, entonces adiós a la civilidad política.
Luego, pensando en el partido, en los intereses de grupo-político, ¿por qué tendría que ayudar a que un gobierno municipal, institución, organismos autónomos o cualquier otro ente –que no sea de mi partido– haga bien su trabajo, beneficie a la población, cumpla con sus objetivos si, al final, eso me afecta a mis intereses personales?
Afecta, claro, en el entendido de que esa persona –que representa a un ayuntamiento, a una institución–, también tiene intereses políticos, y no importa si son legítimos, el asunto es que no voy a beneficiar a nadie que no sea de mi corriente partidista, pero principalmente de mi grupo.
Así, al diablo la democracia –como dirían con las instituciones–, porque la gente ya no pensará en votar por la mejor opción, por los que mejor trabajan, sino que estarán coaccionados por el miedo de que si no gana el partido oficial, no recibirán el apoyo del estado o de la federación.
Por consiguiente, que quede claro: el beneficio colectivo, de la población, está supeditado a los intereses partidista del partido hegemónico, así fue con el viejo PRI y ahora es con Morena. No tiene nada que ver con la legalidad; es hipocresía.
Dos puntos
Al término de la sesión la diputada Viri Valencia me dio la oportunidad de entrevistarla, y asegura que el gobierno del estado no violenta el decreto 122, porque no usa el escudo modificado en la papelería oficial; sin embargo, en los nombramientos entregados al gabinete estatal, se aprecia claramente el escudo modificado con el color de Morena. La pregunta es: por qué tiene que salir la diputada Viri a defender otro poder –se entiende que es amiga de la gobernadora–, si para eso está la Secretaría General de Gobierno o la contraloría general del estado. Al final, es un tema de legalidad que le toca al ejecutivo, pero ante la falta de actores político, le tiene que entrar al ruedo la diputada Valencia.
