Por César Barrera Vázquez
Aciertos y errores
Considero que la crítica es buena y que los gobiernos, en consecuencia, deberían escucharla para mejorar. Aquí no se insulta, no de descalifica, sino que se aportan datos y, con base en ellos, se fundamenta una opinión. Así, he reconocido lo bueno que se hace desde el gobierno, pero, con mayor insistencia, analizamos lo que se puede corregir y mejorar.
Recientemente, por ejemplo, reconocí la buena decisión de la gobernadora Indira Vizcaíno para trabajar, conjuntamente, con la Universidad de Colima, sobre todo en aquellos puntos donde tienen objetivos comunes, como el desarrollo profesional y la educación superior en el estado.
La Universidad de Colima tiene un prestigio consolidado y ha demostrado, en múltiples ocasiones, que su trabajo y labor repercute de manera positiva en la sociedad. Por eso, durante la pandemia, investigadores de nuestra máxima casa de estudios mejoraron la tecnología para identificar casos, además de que la infraestructura de la Universidad se utilizó para los centros de vacunación.
De igual forma, consideramos un acierto de la gobernadora que haya privilegiado la coordinación política en lugar de la grilla y confrontación, sobre todo en un tema tan importante como la seguridad. Por ello, siempre aplaudimos que liderara la coordinación con los gobiernos municipales y los hiciera copartícipes en la estrategia de seguridad.
Ojalá que ese respaldo se traduzco luego en la entrega de mayores patrullas y equipamiento para la policía municipal de Colima y Villa de Álvarez. Estos son algunos temas en los que hemos ponderado de manera positiva el trabajo del gobierno estatal. Sin embargo, la crítica se centra en lo que se puede mejorar. De ahí su efectividad para mejorar los procesos.
En ese sentido, hemos criticado que se mantenga la misma estrategia de seguridad desde hace ya más de 12 años, con los resultados contraproducentes que todos conocemos y padecemos. Esa crítica se ha hecho a los tres niveles de gobierno, pero con mayor fuerza al federal y estatal, al tener mayor margen de responsabilidad.
Lo vemos en estos momentos en Colima, donde la situación de violencia e inseguridad se ha disparado en la zona conurbada, sin importar que la presencia militar, desde principios de este año, se hizo más intensa. En lo hechos, sin embargo, siguen suscitándose ejecuciones y actos criminales que destruyen la paz y tranquilidad de todas y todos.
Aquí lo he expuesto también con insistencia: ya es hora de que realmente se haga una evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad, junto con los expertos y especialistas en la materia, y se busque nuevas rutas legales y operativas para acabar con los grupos criminales.
Veo con preocupación que, pese a los cambios de administración, siguen perpetuándose las mismas estrategias y acciones de gobierno que sólo han producido, desde hace ya años, un aumento en la violencia delincuencial. La crítica, en ese sentido, no variará hasta que se cambie la estrategia.
Por otro lado, percibo a una gobernadora distante, centrada en temas de política electoral, cuyo interés es totalmente ajeno a las necesidades de la población de Colima. Eso hay que decirlo en el ánimo de que la gobernadora rectifique y se centre en atender las necesidades inmediatas de la población.
El incremento de la inseguridad puede ser percibido, al respecto, como una consecuencia de este desatención y negligencia, pues bien es sabido que el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado existe desde hace años en nuestro estado.
Eso, por una parte, pero también la degradación de ciertos indicadores financieros debería de alertar y llamar poderosamente la atención de la gobernadora, quien pareciera ignorar las consecuencias de perder el grado de inversión o calificar con un semáforo rojo en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
En el último reporte del Sistema de Alertas de la SHC, publicado a principios de este mes, el gobierno de Colima pasó de un semáforo verde a un amarrillo, cuyo resultado califica al estado con un nivel de endeudamiento en observación. Es decir, Colima pasó de tener un techo de financiamiento del 15% de sus ingresos de libre disposición a sólo el 5%.
Lo anterior limita la capacidad de financiamientos –créditos de corto plazo—y tiene un impacto directo a la liquidez del estado: ¿Qué va hacer el gobierno de Indira si prevé ingresos por financiamiento de corto plazo por arriba de los 987 millones de pesos, si no tiene un semáforo verde en el Sistema de Alertas?
Luego, a lo máximo que puede aspirar es solicitar un crédito de corto plazo por menos de 400 millones de pesos, y de degradarse a semáforo rojo se le cancelará el acceso al mercado crediticio. Consiguientemente, el gobierno de Indira no tendría acceso a estos mecanismos de financiamiento para hacerle frente a las insuficiencias de liquidez.
Dos puntos
Llegados a ese escenario, se estaría viviendo de nueva cuenta la crisis de liquidez provocada por el pago de mil millones de pesos en créditos de corto plazo, cuya consecuencia directa fue la crisis de liquidez de los últimos dos meses del gobierno anterior y que causó el impago a trabajadores del estado.
