Por César Barrera Vázquez

Tiempos de ira y traidores

Vivimos actualmente uno de los periodos más violentos de nuestro país: en los tres últimos años del gobierno de Peña se registraron 92 mil 402 homicidios, y en los primeros tres años de AMLO 116 mil 098 asesinatos, lo que representa un aumento del 25% en seis años. Asimismo, las víctimas de lesiones dolosas –o sea, agresiones directas, con toda la voluntad de dañar a una persona—aumentaron 5% a comparación del año pasado.

La violencia es parte de nuestra cotidianidad: la vemos, la sentimos, la oímos en las balaceras y en el sonido de las patrullas a toda velocidad. ¿Por qué entonces, extrapolar la violencia también a la política? ¿Por qué incitar el odio contra el que opina diferente, un sinsentido en una democracia, cuya característica por antonomasia es la pluralidad?

La discriminación, raíz del odio en todas sus variantes, comienza con la falta de empatía y respeto por la otra persona. Afirmar, categóricamente, que una persona es traidora a la patria, es propalar el mismo odio que supremacistas han difundido argumentando estereotipos raciales y morales.

Este odio ideológico es susceptible, entonces, a convertirse en una violencia física, porque es sabido y está demostrado que de los insultos y amenazas se pasa, luego, a las agresiones físicas. ¿Por qué, en un México profundamente herido por la violencia, propalar más violencia verbal, ideológica?

Dice el presidente que no está violentando sino calificando una conducta delictiva, pues la traición a la patria está tipificada en el código penal y en la misma constitución refiere, en su artículo 123, que encuadra en este supuesto el que realice “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero», y contempla una sanción de cinco a 40 años de prisión.

Si es así, como dice el presidente, ¿entonces por qué no presenta las denuncias penales correspondientes? No lo hace porque sabe que sus acusaciones sólo tienen un peso mediático, pero no jurídico. El mismo peso que tendrían si la oposición acusara a las y los diputados de Morena de traicionar a la patria por no votar como ellos piensan que es correcto.

Es decir, afectar la hacienda pública al no permitir el correcto desarrollo económico y contravenir varios principios constitucionales vigentes, en materia de energía, como la utilización de energías limpias y renovables, sino seguir respaldando un modelo obsoleto. Luego, podrían acusarlos de traición a la patria también.

Lo que condena el presidente y la mayoría de Morena es la expresión por antonomasia de la democracia: disentir de un punto de vista y argumentar en contra, o también a favor. Y eso en cualquier democracia es lo más sano, aunque falten mucho por mejorar en cuestión del debate legislativo.

Lo peor es lo que dice Morena y el presidente: que sin dar argumentos y sólo insultando, descalificando e injuriando me impeles a opinar de la misma forma y votar en consecuencia a tus intereses. Con esa clase de amenazas, ¿podríamos decir que hay un consenso legítimo?

Otra cosa sería si, a partir del diálogo, de la discusión racional, de un proceso dialéctico surja, del debate legislativo, una síntesis entre ambas propuestas, y que ésta sea votada con la aprobación de una mayoría absoluta.

Entonces, sí estaríamos ante una sana práctica democrática. Pero nada más distante de eso que amenazar y vilipendiar. En un México bañado en sangre, donde vemos la violencia absurda como la del estadio de Querétaro, ¿es lo más conveniente sembrar el odio desde la política y el discurso oficial?

Dos puntos

Y si lo que se utiliza para subsidiar gasolinas –32 mil millones de pesos– se invirtiera en mejorar el transporte colectivo y que realmente sea una alternativa al vehículo, como sucede en otras partes del mundo. Claro, hacerlo al corto plazo genera impopularidad y rechazo, por lo que sería una decisión impensable para un gobierno populista que cuida más su imagen que tomar las decisiones correctas. Sin embargo, a la larga, creo, por más que te esmeres en cuidar tu popularidad la realidad te alcanza. ¿Por qué? Porque no puede salir nada bueno de decisiones de marketing político en detrimento de verdaderas políticas públicas.