En solfa
Por Héctor Sánchez de la Madrid
Ayer se cumplieron 44 años de la
partida de Don Manuel Sánchez Silva,
mi papá, lo recuerdo inteligente, culto,
justo, crítico, cariñoso, alegre y jovial
a sus 74 años, me sigue haciendo
mucha falta.
Bastante tiene que ver el PRI con lo que es nuestro país, sobre todo con lo que había y funcionaba antes de que arribara Andrés Manuel López Obrador y Morena (la Cuarta Transformación es una entelequia, por eso no la menciono), sin embargo, con todo lo positivo que construyeron durante 77 años, con un intervalo de 12 años panistas, también cometieron errores, excesos y arbitrariedades en casi 8 décadas de dominio.
Previo a las elecciones de 1988, el partido tricolor recibió un fuerte aviso de la ciudadanía que clamaba por un cambio en sus políticas y formas de gobernar, al retener la presidencia de la República con apuros y sombras al “caerse” el sistema de computo a cargo del inefable Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado debió abrir el proceso presidencial, se equivocó.
Fue la última llamada que tuvieron los priistas para modificar, en frío, el sistema político que creara el presidente Plutarco Elías Calles en 1929 al fundar el Partido Nacional Revolucionario, que a su vez el mandatario Lázaro Cárdenas del Río le cambiara el nombre a Partido de la Revolución Mexicana, y de nueva cuenta el presidente Manuel Ávila Camacho lo refundara como Partido Revolucionario Institucional.
Durante su mandato Miguel de la Madrid sufrió las consecuencias de los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo que habían desestabilizado al país por diferentes causas, surgiendo al final de su periodo movimientos internos en el PRI que no supo canalizar y debilitaron a su partido, el principal encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo.
Salinas de Gortari pudo cambiar al tricolor, pero empezó a perder piso en las postrimerías de su quinto año de gobierno, lo socavó el levantamiento armado en Chiapas, y lo hundió el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, le entregó la Presidencia al panista Vicente Fox Quesada y acordó con él su impunidad y que lo protegiera de su antecesor.
Después vinieron los 12 años panistas de Fox y Felipe Calderón Hinojosa, de los cuales les hablaré en otra ocasión. En ese lapso blanquiazul los tricolores nada hicieron por transformarse, no llamaron a cuentas a los responsables de la derrota, menos hubo una purga al interior de su partido, en los estados que gobernaban siguieron igual que siempre, sin sacar experiencia de su fracaso, como si nada les hubiera pasado.
Regresa el PRI con Enrique Peña Nieto y con él los viejos vicios que los habían hecho perder en 2000, pero en esta ocasión aumentados y generalizados. Hábil y sin escrúpulo alguno, el mexiquense consideró que el tricolor iba a perder y negoció su salida con su ex compañero de partido entregándole la presidencia de la República a cambio de impunidad para él y sus colaboradores cercanos, a los de mayor confianza.
Los dirigentes priistas de entonces y los militantes más importantes se cruzaron de brazos, nada hicieron para sancionar al responsable y sus cómplices por haber entregado el máximo cargo público en el país, repitieron lo mismo que la primera ocasión, le dieron la vuelta a la página, “recuperaremos el puesto en uno o dos sexenios” pudieron haber decidido. Lo mismo sucedió en Colima al perder la gubernatura en 2021.
Con el triunfo de Morena en 2018, Indira Vizcaíno Silva se perfiló como virtual candidata al Gobierno del Estado, sin embargo, había una denuncia de peculado a la Hacienda Municipal de Cuauhtémoc por la permuta de un terreno urbanizado del fraccionamiento de lujo, Altozano, que debió entregar al municipio en su gestión como alcaldesa, pero al no hacerlo le causó daños y perjuicios a las finanzas de Cuauhtémoc.
Nada hicieron el gobierno y el partido, bueno, corrijo, desde la más importante oficina del Complejo Administrativo se dio la orden a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a través de la Fiscalía General del Estado, que cerrara el caso y lo archivara, meses antes de los comicios gubernamentales de 2021. De ello estuvieron enterados los directivos del PRI y los correligionarios distinguidos que nada dijeron.
En la conmemoración del 94 aniversario de la fundación del PNR, abuelo del partido tricolor, a 4 años, 3 meses y 4 días de negociar la Primera Magistratura, y de 1 año, 4 meses y 4 días de haber entregado la gubernatura, los priistas homenajearon a algunos militantes, ahí, mi amigo Arnoldo Ochoa González, presidente estatal del PRI, afirmó que: “nuestro partido no puede ser el mismo, si seguimos sin transformar a nuestro partido, va a tener serios problemas, de hecho ya los tiene, pero los podemos superar”… “a aquellos agoreros del desastre que piensan que nuestro partido va a desaparecer, están muy equivocados, porque en nuestro partido siempre estamos buscando las formas de reencontrarnos; las formas, las estrategias y las personas adecuadas”. A nombre de los festejados, Jorge Armando Gaytán Gudiño, señaló: “… entonces también tenemos que empezar a reflexionar sobre el nombre (del partido)“… “se debe reflexionar si ha llegado el momento de que se empiece a discutir la posibilidad de que el PRI cambie de nombre, porque tenemos que ver qué está pasando con nuestras instituciones”. Con esos posicionamientos y reflexiones el tricolor nunca se va a recuperar, no pueden seguir con los mismos problemas sin solucionarlos, no deben perder el tiempo “buscando las formas de reencontrarnos” sino encontrarlas y aplicarlas de una vez por todas. En cuanto al cambio de nombre del abanderamiento, debería entender el priista reconocido que las dificultades que atraviesa el PRI no dependen de cómo se le denomine al mismo sino al cumplimiento de sus estatutos, a la capacidad y reputación de los dirigentes nacionales y locales, así como a la imagen y prestigio de quienes aspiran a las candidaturas federales, estatales y municipales, especialmente a la presidencia de México.
