Por César Barrera Vázquez
La Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (COPIP) está inoperante y, por lo menos, desde hace un año debió renovarse: actualmente no existe, se podría decir, porque quienes teníamos esa responsabilidad –entre los que me cuento–, ya venció el término por el que fuimos electos.
Yo me sumé a la COPIP, en calidad de suplente del periodista Arnoldo Delgadillo, quien fue electo como secretario ejecutivo, mismo cargo que repetimos en las presidencias de Juan Carlos Flores Carrillo y Francisco Buenrostro, en los periodos 2017 y hasta principios del 2021 (el cargo dura dos años y hay la posibilidad de relegirse por una sola ocasión).
La última convocatoria que se lanzó para renovar la Copip fue en el 2019, cuando fue electo Francisco Buenrostro. Cada dos años se tiene que lanzar una convocatoria, por lo que desde el 2021 el gobierno del estado debió haber convocado a las organizaciones de periodistas para definir a los nuevos integrantes de la Copip.
El tema cobra relevancia por la ola de violencia que registra el estado: más de 443 asesinatos en los primeros seis meses de este violento 2022. Este aumento en la violencia homicida, lo explicó el presidente López Obrador en la mañanera de este miércoles, se debe a los enfrentamientos entre grupos criminales, cuyas consecuencias impactan directamente a quienes dan cobertura informativa de estos hechos.
Asimismo, de acuerdo al informe Zonas Silenciadas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de asesinatos de periodistas ocurren en las entidades donde hay una fuerte presencia de las estructuras criminales, como es el caso de Colima.
Afortunadamente, en el estado aún no se ha registrado el asesinato de un periodista. Sin embargo, el hecho de que no se cuente con los mecanismos adecuados para la protección del ejercicio periodístico, como en este caso con la COPIP, deja en un estado de indefensión a las y los reporteros, sobre todo aquellos que dan cobertura informativa a la nota roja o que realizan trabajo de investigación sobre casos de corrupción.
La gobernadora Indira debería tomar en consideración esta situación y lanzar la convocatoria para la nueva integración de la COPIP, pues quienes la integraban ya venció su periodo. Ellos cumplieron con los términos legales que les competían y no pueden explayar sus funciones más allá de los términos legales establecidos en el numeral 8 del Reglamento Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado de Colima.
Por eso, ahora le toca a la gobernadora lanzar esta convocatoria y encabezar este esfuerzo para renovar a la COPIP. Es un tema de vital importancia, en especial durante este momento de violencia inédita por el que atraviesa el estado y el país.
Una manera de demostrar que le preocupa la seguridad de las y los periodistas (quienes son pieza clave para el fortalecimiento democrático y el derecho a la información y de expresión) es convocando al gremio reporteril para que se renueve la COPIP.
De no hacerlo, la gobernadora sería responsable indirecta, por omisión, de cualquier acto que atenta contra la integridad o vida de quienes realizan una labor periodística.
¿Le conviene a la gobernadora ponerse en una situación comprometedora en caso de una tragedia? Mejor que se cure de salud y convoque al gremio. Esta coyuntura le servirá para acreditar que sí le importa la seguridad de las y los periodistas, y les dará la oportunidad a otros colegas para fortalecer los mecanismos de protección durante el trabajo reporteril.
Dos puntos
Además de lanzar la convocatoria, también sería bueno que se fortaleciera a la COPIP como un instituto y no solamente como una comisión. Ya hay una propuesta de ley en ese sentido, que está en la congeladora del congreso local. Sería bueno que se volviera a discutir entre las y los legisladores locales.
