El diputado Armando Reyna Magaña, coordinador de la Bancada de la Esperanza en el H. Congreso del Estado, resaltó que con la reciente reforma al Código Electoral del Estado no solo se garantiza la participación de todos los grupos vulnerables en la vida democrática de Colima, sino que además promueve, protege y garantiza los derechos humanos de las mujeres, así como al interés superior de las y los menores, incluyendo entre sus modificaciones la observación de que las y los postulados no tengan suspendidos sus derechos político electorales en lo relativo al “3 de 3 contra la violencia”.
Indicó que esta reforma al Código Electoral armoniza respecto al “Artículo 38 de nuestra Constitución Federal, con relación a la suspensión de los derechos de la ciudadanía a quienes violen la 3 de 3 contra la violencia, una prerrogativa fundamental para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia, como el del interés superior del menor”.
Reyna Magaña agregó que la adición del Artículo 10 Bis de esta reforma es muy clara al señalar que el IEE “deberá observar lo estipulado en el Artículo 19 de la Constitución Local, respecto a la suspensión de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que establece: “Los derechos de los ciudadanos del Estado de Colima se suspenden: I. En los casos determinados en el Artículo 38 de la Constitución Federal” que dispone la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular quien tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.
El coordinador de la bancada morenista expuso que para garantizar este derecho de que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia y del interés superior del menor “fueron fundamentales las aportaciones de las iniciativas suscritas por las diputadas Sonia Hernández, Ana Karen Hernández, Alfredo Álvarez, otra iniciativa hecha por su servidor, y demás diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; diputada Evangelina Bustamante, del Partido del Trabajo; Patricia Ceballos, del Partido Verde Ecologista de México, y de la diputada Priscila García, que propusieron la suspensión de los derechos de las personas violentadoras con sentencia firme y deudores alimentarios de ocupar cargos públicos y de elección popular”.
