En solfa
Por Héctor Sánchez de la Madrid
Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, todos los presidentes de la República de México, incluyendo a Claudia Sheinbaum Pardo, juraron guardar y hacer guardar la Carta Magna el día en que rindieron protesta en el Congreso de la Unión, el máximo recinto oficial del Poder Legislativo Federal de la Nación.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los mandatarios federales no solamente incumplieron su juramento de respetar y hacer respetar la madre de todas las leyes, sino que la reformaron 256 veces hasta el 1 de febrero de 2024, modificando 770 ocasiones varios artículos, aunque no todos, ya que de los 136 que tiene la Constitución, 117 han sido cambiados, sólo 19 se han conservado iguales, sin reformas.
Quizás el único presidente de México que no reformó la Constitución fue Pedro Lascuráin, quien solamente ocupó ese cargo durante 45 minutos, el 19 de febrero de 1913, después de la forzada firma de renuncia del presidente Francisco I. Madero, para después de rendir protesta y nombrar secretario de Gobernación al chacal Victoriano Huerta, dimitir para que éste accediera al más alto cargo público por mandato constitucional.
No es nuevo, entonces, que la presidenta Claudia Sheinbaum estuviera de acuerdo en que las Cámaras de Diputados y de Senadores hayan aprobado las reformas constitucionales que desde febrero de este año presentara el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, aunque es probable que sí lo fuera el que se realizara en un régimen diferente, con legisladores y mandataria distintos.
Lo que sí es innovador en la historia de México son la reforma al Poder Judicial para elegir vía voto popular a Ministros, Magistrados y Jueces, sin los requisitos académicos y profesionales actuales, más aún, la enmienda conocida como Supremacía Constitucional que blinda jurídicamente las reformas que le hicieron a la Carta Magna a través de la promoción de amparos, controversias, acciones de inconstitucionalidad e irretroactividad.
Esto es, con las mayorías calificadas que tienen Morena y su fauna de acompañamiento (PVEM y PT) en las dos Cámaras Legislativas, la de Diputados alcanzada con los sufragios ciudadanos, y la de Senadores lograda a través de compras, chantajes y amenazas, pueden hacer las reformas constitucionales que se les antojen, y ahora, con la Supremacía Constitucional, nadie tendrá derecho a ejercer una acción legal para echarlas abajo.
Será necesario que la oposición obtenga la mayoría calificada en 2027 en la Cámara de Diputados para frenar las embestidas modificadoras de los legisladores de Morena y asociados, para en 2030 refrendar la Cámara Baja y ganar la mayoría calificada en la Cámara de Senadores para corregir lo que hicieron los fanáticos de la 4T y actualizar a los tiempos de entonces la Carta Magna, hoy reducida por las hordas en el poder.
Ayer, en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se trataría si podrían las y los Ministros entrar a estudiar las acciones de inconstitucionalidad de las reformas al Poder Judicial realizadas por las Cámaras Legislativas y publicadas por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, se desestimó por el voto en contra del ministro Alberto Pérez Dayán que cambió a última hora por presiones en su contra.
Igual sucedió en la Cámara de Senadores al conseguir las bancadas oficialistas de Morena, PVEM y PT, al cuarto para las doce, el voto que les hacía falta para aprobar la reforma al Poder Judicial en las personas del senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, el senador de primera minoría, Miguel Ángel Yunes Márquez. A la mala, mediante amenazas, los morenistas lograron el desmantelamiento del Poder Judicial.
Se cerró el círculo de mentiras en torno al tema del Poder Judicial, o sea, es falso que el pueblo pidió la reforma, fue una persona llena de odios y rencores: Andrés Manuel López Obrador; es falso que el pueblo va a elegir a los Ministros, Magistrados y Jueces, ya que éstos serán seleccionados por una comisión de morenistas que los pondrán en las boletas para que sufraguen por ellos; es falso que se terminará la corrupción, ya que será al contrario, puesto que el crimen organizado se meterá en los procesos electorales. El nivel de los jurisconsultos de la 4T será el más bajo de la historia de México. Las consecuencias nacionales e internacionales, políticas y económicas, serán catastróficas e incalculables.
Queda claro que los juramentos que rindieron la presidenta Sheinbaum Pardo, los senadores y los diputados federales al asumir sus cargos públicos electorales de “… protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; si no lo hiciere así que la nación me lo demande… ”, fueron violados al desaparecer el Poder Judicial que dictaron los constituyentes de la Carta Magna y por tanto ella y ellos serán acreedores a las sanciones legales que correspondan
