Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara a favor de la controversia constitucional que emprendió el Ayuntamiento de Manzanillo en contra de la aprobación del Congreso del Estado sobre no cobrar el servicio de agua potable y drenaje a escuelas públicas, la presidenta Griselda Martínez sostuvo que una vez más la razón jurídica imperó, al corregirse otra vez “la plana” al Poder Legislativo, a favor de las y los manzanillenses.
La alcaldesa, señaló que, desde la legislatura pasada, ha existido un bloqueo en perjuicio de las y los manzanillenses, donde han extralimitado funciones al ir en contra de las facultades del gobierno municipal que encabeza, “pues en el tema del agua atentaron en contra de los ingresos para el municipio, recursos que son para mejorar servicios y para el patrimonio de la población”.
Advirtió que algo similar ha pasado con el dictamen de las tablas de valores respecto del impuesto predial que tampoco fue aprobado y también en algunas cuestiones de la recién aprobada Ley de Asentamientos Humanos para el estado de Colima.
En ese sentido, detalló que en ese nuevo ordenamiento se pretende centralizar los trámites ante las áreas de Desarrollo Urbano, lo cual va a dificultar los procesos de desarrolladores y de las personas que pretendan hacer algún tipo de construcción, “nosotros estamos a la inversa, pues trabajamos en la mejora continua para simplificar trámites y hacer ágiles los procesos”.
Dijo que se valora, en qué aspectos, y en qué forma legal se actuará para contrarrestar los efectos de esa Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima”.
