En solfa
Por Héctor Sánchez de la Madrid
A pesar de la escasez de acciones acertadas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la toma de decisiones sobre las instituciones públicas, ya fuere para cerrarlas o modificarlas, en materias políticas, económicas y sociales, su popularidad se mantiene alta a un año, 5 meses y 11 días de terminar su mandato constitucional.
¿Por qué si los resultados de la administración lopezobradorista son magros no baja la aprobación del Mandatario? ¿Por qué sigue arriba si sus promesas principales han sido incumplidas cuando está a punto de iniciar la última cuarta parta de su periodo sexenal? ¿Por qué se mantiene alta la aceptación si la corrupción y la impunidad campean igual o más que en el pasado priista y panista?
Su compromiso de “Primero los pobres” tampoco lo ha cumplido ya que han aumentado los beneficios para las familias ricas y disminuido el de familias pobres favorecidas, según estudios realizados por académicos informó “El Economista”. Por su parte “El País” señaló que la población en situación de pobreza por ingreso aumentó en 5.1 millones de personas de 2018 a 2020; no hay datos recientes.
La inseguridad se ha incrementado en prácticamente todo el territorio nacional como lo registra el índice de homicidios dolosos que ha superado a los regímenes de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en 131% y 59%, respectivamente, en sus primeros cuatro años de gobierno, aunque se considera que los números actuales han sido rasurados por lo que las diferencias podrían ser mayores.
La cancelación de programas como el Seguro Popular que afectaron la salud y la vida de decenas de millones de beneficiarios que se quedaron sin medicinas ni sanatorios, al igual que las Estancias Infantiles que les quitaron a cientos de miles de madres ese importante servicio para sus hijos, así como a los centros y profesionales que atendían a los infantes son algunas de las instituciones que nadie entiende por qué se suprimieron.
La anulación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el error más grande, irracional, costoso y perjudicial para el país cometido por López Obrador, casi de las mismas proporciones que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que a poco más de un año de inaugurado están muy lejos las metas trazadas y a un paso de convertirse en otro sueño guajiro de Andrés Manuel.
Le siguen la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, caprichos faraónicos del presidente que le cuestan a la nación un ojo de la cara, o los dos, que sólo satisfacen sus ocurrencias, ya que el primer proyecto nació muerto por el lugar en que fue edificado como por la obsolescencia de la planta y el combustible, lo mismo con el ferrocarril que nadie pidió y que ha dañado irreversiblemente la ecología de la zona maya.
También está el intento de despedazar al INE, hasta ahora fallido, aunque no sabemos cómo se comportará la nueva presidenta y los consejeros de recién ingreso, al igual que el freno ordenado por López Obrador a los senadores de Morena, a través del secretario de Gobernación y corcholata presidencial, Adán Augusto López Hernández, para que no nombren a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Está claro que todos los pasos que da el Mandatario tabasqueño coincide con su acto fallido de 2006 al salírsele durante la campaña por la presidencia de la República la expresión: “Al diablo con sus instituciones”, que es ni más ni menos su plan sexenal para demoler lo que los mexicanos (no el PRI ni el PAN) construimos en el México moderno y funcional que recibió el fatídico 1 de diciembre de 2018.
Mientras el autócrata destruye la nación, las cabezas de la oposición, esto es, dirigentes partidistas, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados federales y locales, expresidentes, exgobernadores, exalcaldes, exsenadores y exdiputados, empresarios poderosos (algunos entregados a la 4T sacando raja) y directivos de organizaciones ciudadanas poco o nada hacen para impedir que el país se dirija y caiga en el precipicio.
Tan mal está la oposición partidaria, me refiero específicamente al PRI, que han sido incapaces de expulsar de su partido al causante de la debacle de 2018, cuyo nombre es Enrique Peña Nieto, como tampoco de exigir el cumplimiento de sus estatutos al directivo nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, que pretende desesperadamente quedarse en su cargo por dos razones: la primera para escudarse de las embestidas legales que pudiera propinarle el gobierno federal por su pasado tormentoso; la segunda para dirigir el proceso de selección de quien va a representar a la coalición Va por México, así como para repartir las candidaturas federales y estatales que estarán en juego en 2024. Peor están el PAN y el PRD que permanecen cruzados de brazos.
