En solfa
Por Héctor Sánchez de la Madrid
La “ocupación temporal” de las vías ferroviarias del Grupo México, Ferrosur, del magnate Germán Larrea Velasco —el segundo hombre más rico del país, sólo después de Carlos Slim Helú—, por causa de utilidad pública, para entregársela a la entidad gubernamental Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que será operada por la Armada de México, es un duro golpe a la confianza de los inversionistas nacionales o extranjeros.
Un tramo de 120 kilómetros del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Veracruz, beneficiará al Corredor Interoceánico de esa zona del sureste mexicano, uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, considerado de “seguridad nacional y de interés público”, por lo cual se buscó blindar su construcción y operación, así como su administración de infraestructura de transportes y servicios.
El viernes reciente se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordena la “ocupación temporal” de Ferrosur, por lo que ese día a las 6.00 horas, marinos armados se apoderan de forma “sorpresiva e inusitada” de las instalaciones particulares que trabajaban con una concesión otorgada legalmente por el Gobierno Federal. Las vías férreas, locomotoras y vagones, así como las oficinas y mobiliario eran privados.
Durante las semanas previas el empresario Larrea Velasco se entrevistó en varias ocasiones en Palacio Nacional con el presidente López Obrador para platicar sobre la compra del Banco Nacional de México, Banamex, que el primero está negociando con sus propietarios estadounidenses. Dada la importancia de la operación se considera natural que se haya sostenido una conversación entre las partes mencionadas.
Es muy probable que también el presidente y el potentado hayan tratado el asunto del tramo ferroviario, aunque también se sabe que directivos del Grupo México habían dialogado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; es obvio que en ambos casos no llegaron a un acuerdo comercial para comprar una propiedad privada, por lo que el tabasqueño originario de Tepetitán decidió expropiarlo.
Las obsesiones a favor o en contra del mandatario federal lo han hecho cometer innumerables desatinos, el mayor de todos ha sido hasta ahora la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se estaba construyendo sobre el Lago de Texcoco y tenía un 35% de avance. A estas alturas estaría funcionando como el mejor de Latinoamérica y uno de los más modernos del mundo entero.
En su lugar se edificó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que a más de un año de haberse inaugurado no ha podido alcanzar los números de vuelos y de pasajeros que habían planeado y no hay visos de que los logren. La Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya son otras obras faraónicas que han costado más del doble de lo que se habían presupuestado y han rebasado también el tiempo considerado para inaugurarse.
Ninguno de los mega proyectos del régimen de la 4T fueron debidamente consensuados ni presupuestados, menos ajustados a los procedimientos legales que deberían cumplirse con los contratos de las constructoras y los materiales correspondientes, tampoco se realizaron los estudios necesarios para conocer la viabilidad de los objetivos que querían, lo que prevaleció fueron las ocurrencias y la decisión del presidente de México.
En el caso que comento sucedió exactamente lo mismo, la planeación del Corredor Interoceánico estuvo mal realizada al no considerarse la construcción del tramo ferroviario de 120 kilómetros en el estado de Veracruz, así que lo más fácil para el gobierno lopezobradorista fue apropiarse a la brava, con marinos armados, del segmento de Ferrosur que se encontraba funcionando, sin importarles que perteneciera al Grupo México.
La clara expropiación de la administración presidencial es considerada como un ataque a la propiedad privada que podría ahuyentar las inversiones particulares de nacionales y extranjeros, incluso la salida de las que están en el país. Esta acción se da en los momentos que se lleva a cabo la negociación de la venta de Banamex precisamente al dueño de Grupo México, Germán Larrea, en la friolera de 7 mil 100 millones de dólares, la cual podría caerse si no se soluciona la confiscación.
Ayer el ex jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, al salir de Palacio Nacional después de sostener una plática con el inquilino que lo habita, declaró que hoy se daría a conocer el entendimiento entre el Gobierno Federal y Grupo México, inclusive, “El Universal”, publicó en su portal que el conflicto pudiera cerrarse en el pago de 7 mil millones de pesos a la empresa de Larrea Velasco por la “ocupación temporal” del tramo de vías de Ferrosur, lo que pondría fin a un error más del presidente Andrés Manuel López Obrador que volvió a meterse en un terreno peligroso.
