Raúl Merced Lares
PESE A ser uno de los estados en rojo por el Covid-19, Colima decidió el regreso a clases presenciales el 30 de agosto, según se dio a conocer de manera muy discreta la semana pasada en un medio impreso local. Por lo que se ve, el criterio técnico y sanitario se hizo al final a un lado para ceder a la presión del presidente López, por lo que entendemos que no es una decisión libre. Cando parecía que Colima no adoptaría esta riesgosa medida, se impuso la idea presidencial de anteponer otra vez el interés económico sobre la vida y la salud -de los niños, en este caso-. Y es lamentable que en el caso de Colima el presidente López haya recurrido a la presión y al chantaje político de obligar prácticamente al gobernador del estado a adoptar esta riesgosa medida, a cambio de apoyarlo en la solución del problema financiero que atraviesa la presente administración estatal.
ANTE ESTO, a los padres de familia, principalmente, sólo les queda cuidar y vigilar bien a sus hijos, de tal manera que no se expongan a los riesgos de contagio del Covid-19, como pueden ser en su trayecto a la escuela y en su regreso a casa, esperando que en las escuelas se realicen bien los protocolos sanitarios. Muchos padres no enviarán a sus hijos a la escuela, pero ojalá que no haya tantos contagios, ya que esta reactivación de la actividad escolar presencial implicará mayor movilización de muchas más personas que se mueven en torno a la actividad escolar. El riesgo puede afectar a cualquiera, personal docente y de apoyo, padres de familia y comerciantes, si no se toman los cuidados que se han recomendado.
POR LO pronto, hay datos que indican la probabilidad de que sigan aumentando los casos de Covid-19 en menores de edad en el estado, como los que acaba de dar a conocer la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, actualizados al 15 de agosto, los cuales indican que de mil 613 casos registrados en junio entre menores de 0 a 17 años, para julio pasado aumentaron a 5 mil 373, un alza de 233 por ciento. A la primera quincena de agosto sumaban 4 mil 055 casos. Y esto que este sistema usa para su reporte sólo los casos confirmados por prueba de laboratorio.
UNA VEZ que se cubrió la segunda quincena de junio y la primera de agosto a los trabajadores del gobierno del estado, los morenistas van a decir que el presidente López ya cumplió con su compromiso de resolver el impago de los salarios a los trabajadores. Sin embargo, no es así. Falta saber aún si apoyará al gobierno de Colima para garantizar el salario de los trabajadores en lo que resta de la administración estatal o sólo fue un mejoral. Por lo demás, el gobierno estatal tiene el problema de cumplir con otros compromisos financieros con otras instituciones y organismos públicos como la UdeC, que está exigiendo el cumplimiento del convenio de apoyo financiero, y le pague a la institución lo que debe el Gobierno del Estado, que al mes de agosto de 2021 asciende a 236 millones 312 mil 490 pesos. Sin duda, el gobierno del estado tendrá que echar mano de todos los recursos que pueda disponer para el pago de este y otros compromisos, lo que podría implicar la aplicación de dolorosas medidas en esta parte final de la administración.
COLIMA REGISTRÓ en julio del 2021 un incremento del 13 % en homicidios dolosos respecto a ese mismo mes del 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, aunque esta violencia preocupa porque genera intranquilidad e inseguridad, nos parece que lo que más preocupa, agravia y lastima a la sociedad son los secuestros, las extorsiones, las desapariciones forzadas, los asaltos y los robos que a diario se cometen. Los homicidios dolosos se dan principalmente por la guerra o disputa que trae la delincuencia organizada, por lo que el gobierno estatal poco puede hacer para detener estos asesinatos, aunque sí puede hacer más en los casos de los delitos del fuero común, que son su principal responsabilidad. En lo que sí se puede hacer mucho es en los demás delitos del orden federal; sin embargo, el gobierno del presidente López hace muy poco con su política de abrazos, no balazos. Por eso, la Guardia Nacional, apoyada por las policías estatales y municipales, debiera ir al frente en este combate a la delincuencia, pero desgraciadamente va atrás y ha dejado esta responsabilidad suya a los estados.
LA RED de Desaparecidos Colima dio a conocer que el próximo lunes 30 de agosto estarán llevando a cabo una marcha pacífica, en el marco del Día Internacional de la Víctimas de Desaparición Forzada. Al respecto, Ana Silva Larios dijo que “hoy queremos hacer un llamado a la sociedad colimense a unirnos y a tratar de resolver este gran problema que paso a paso está minando la seguridad de nuestro estado, de nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestro país”. Y explicó algo muy importante: “No venimos a pedir compasión, expresó, por la situación que vivimos, queremos comprensión, queremos que todo el mundo vea como día a día este delito crece a pasos agigantados y va deteriorando a nuestra sociedad y no existe una respuesta oportuna y contundente por parte de nuestras autoridades”. Tiene mucha razón. Y la autoridad que debiera dar el primer paso en este grave asunto es el nivel federal.
LA DIPUTADA Araceli García Muro dio a conocer algo importante: el dictamen que se hizo sobre la ley de penas y medidas, que busca proteger a las niñas y niños que se encuentran en el reclusorio junto con sus madres a lo largo de una sentencia. Explicó que para ello se reformó el artículo 10, 52 y 119 para que estas niñas y niños tengan los mismos derechos que el resto, con lo cual se busca igualdad en la alimentación, en espacios recreativos, atención médica conforme la edad, seguimiento psicológico una vez que son integrados a la sociedad para que la transición sea lo más sana posible, entre otras medidas que buscan subsanar la deficiencia de los servicios que se les brinda al interior del Cereso. Bien por la legisladora porque este es un tema sensible que había estado invisible en la ley.
