No ha dado entrada a controversia presentada por el Ayuntamiento de Colima

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar el acuerdo presidencial de militarización de la seguridad pública y se admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el gobierno de Michoacán en la que pidió invalidar el decreto publicado el pasado 8 de mayo, al considerar que es contrario a la Constitución federal.

 

La SCJN tiene pendiente aún la tramitación de otras dos controversias constitucionales presentadas por el municipio de Colima, Colima, que debe aclarar su demanda, y no lo ha hecho, y la de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en la que no ha emitido ningún acuerdo.

 

La ministra Margarita Ríos Farjat admitió a trámite la controversia constitucional.

 

“Se tiene por presentado al promovente y se admite a trámite la demanda que hace valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia. Se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que al dar contestación a la demanda, remita a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acuerdo impugnado”, señala el acuerdo de Ríos Farjat.

 

De acuerdo con los estrados judiciales, el gobierno de Michoacán no solicitó suspender el acuerdo de militarización, razón por la que la ministra no ordenó abrir incidente de suspensión ni frenar la ejecución del mismo.

 

En los próximos meses la ministra realizará un proyecto de sentencia sobre la controversia alegada por el estado de Michoacán misma que sólo tendrá efectos para dicha entidad. Esto, debido a que en estas demandas se reclama invasión de competencias entre la federación y el gobierno estatal.