La Sexagésima Primera Legislatura aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular, la nueva Ley para la Transición Energética Justa del Estado de Colima, la cual sienta las bases, mecanismos e instrumentos para impulsar una profunda transformación del sistema energético estatal, más allá de la mera implementación de tecnologías limpias, al proponer una gobernanza energética integral, equitativa y con enfoque de derechos.
El nuevo ordenamiento jurídico se articula en siete ejes estratégicos, cada uno con implicaciones jurídicas y operativas específicas. Asimismo, abroga la Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Colima, publicada en 2014.
La nueva Ley fomenta la inversión pública y privada para el desarrollo, aprovechamiento y democratización de las energías limpias y renovables, garantizando la competitividad económica, la sustentabilidad y el respeto al territorio de las comunidades.
También, impulsa la eficiencia energética, la electromovilidad y modernización tecnológica en los sectores industrial, comercial, público y residencial, a fin de reducir los costos de operación y la dependencia de los combustibles fósiles. Además, consolida el principio de transición energética justa, como principio rector, trascendiendo del mero cambio tecnológico para abordar las dimensiones sociales y económicas de la transición.
Para diagnosticar la situación actual, monitorear el progreso y evaluar la efectividad de las acciones implementadas, se crearán tres instrumentos: el Programa Estatal de Transición Energética destinado a la planeación, el Sistema de Información Energética, para la recopilación y difusión de datos, y el Banco Estatal de Proyectos Energéticos para la articulación de iniciativas. Asimismo, para asegurar la transparencia y rendición de cuentas, se establecen indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación.
Además, en su articulado, la Ley establece que la política estatal de transición energética justa, garantizará el respeto a los derechos humanos, incorporará la perspectiva de género e impulsará la participación efectiva de las poblaciones prioritarias, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En la discusión del dictamen, el diputado Jaime Enrique Sotelo García, solicitó una reserva al Artículo 47, la cual fue admitida y votada a favor.
