Por Héctor Sánchez de la Madrid

Después de la ejecución política que la 4T le propinó al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, sin más acción legal que la solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados por la presunta procedencia ilícita de recursos en la compra de propiedades, presentada por el fiscal de Campeche —la cual se quedó durmiendo el sueño de los justos—, se provocó un aplazamiento de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD).

Luego de que los tres partidos opositores al régimen de Morena fijaron su posición contra la militarización del país, la diputada priista por Durango, Yolanda de la Torre Valdez, presentó en la Cámara Baja una iniciativa en la que se extendía del 23 de marzo de 2024 al 23 de marzo de 2028 el permiso a las fuerzas militares de ejercer medidas de seguridad en las calles del país, contradiciendo el acuerdo tomado.

La enmienda constitucional no emanó de la diputada duranguense ni del presidente del PRI, aunque sí la orden para que la presentara, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador quien así lo reconoció en una conferencia mañanera, además de la evidencia en el Palacio de San Lázaro del cuchicheo entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el mismo Alejandro Moreno Cárdenas.

Con razón se molestaron los dirigentes del PAN y PRD con su par del PRI, a quien conminaron que retirara la iniciativa o romperían la alianza, lo cual no amedrentó a Alito, quien afirmó que no había pactado con Morena, que todo seguía igual, orillando a los líderes opositores a replegarse y anunciar una pausa en la coalición opositora, dando margen a que se disolviera el entendimiento tácito del llamado PRIMor.

El acuerdo entre PRI y Morena se confirmó al conocerse el nombramiento de la ahora diputada con licencia, De la Torre Valdez, como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Durango, pago indudable por los servicios prestados —más bien vendidos—, por el arreglo entre el Gobierno de la República y el cada vez venido a menos partido tricolor que sigue cometiendo errores que terminarán por desaparecerlo del mapa partidario y político.

La quemada que se dio Alito para salvar su pellejo (ir a prisión), fue suficiente para la aprobación de la iniciativa que prorroga el permiso para que las fuerzas armadas continúen en las vías públicas hasta 2028, al alcanzar ayer en el Senado los votos necesarios para sacar la reforma constitucional, situación que finalmente se decidió en un herradero. Ayer quizás fue la puntilla para la alianza tripartidista de Va por México.

Ya aprobada la enmienda, la permanencia de Moreno Cárdenas en el PRI es insostenible, tanto por los daños políticos irreparables que sufrió y provocó, como porque ya no es confiable después de lo que hizo, por más explicaciones y pretextos que dé. Lo que procede es su renuncia, que no va a presentar nunca, o la remoción que podrían y deberían de haber exigido y realizado desde cuando los priistas “distinguidos” y poderosos.

Por esa forma ambigua de los priistas se desplomaron en 2000 y 2018; y por lo mismo podrían desaparecer en los comicios de 2024 o a más tardar en 2027. Es inherente la capacidad de los tricolores de evadir la realidad y darle la vuelta a los problemas que se les presentan, como si fueran a resolverse solos; en lugar de reconocer y solucionar los conflictos que tienen, cierran los ojos y los oídos para no ver ni escuchar.

Como si no hubieran hecho añicos al dirigente nacional del PRI, probablemente también a la coalición Va por México, fundamental para pelear las elecciones de 2023 en Estado de México y Coahuila, preámbulo de los comicios presidenciales de 2024, el propio Alito anunció una pasarela de aspirantes al más alto cargo público en el país, como siempre lo hacen, sin usar el tamiz adecuado para que no se colara ningún impresentable.

Los peores son los aún gobernadores de Oaxaca e Hidalgo, Alejandro Murat y Omar Fayad, respectivamente, que entregaron sus estados a Morena a cambio de posiciones en el Gobierno Federal, como premio a sus cesiones al presidente López Obrador. Hace poco les comenté que en el PRI no hay diferencias entre militantes honestos y sinvergüenzas; el considerar precandidatos a Murat y Fayad es una prueba.

Alfredo Del Mazo, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Miguel Ángel Riquelme, también fueron convocados, sin embargo, carecen de peso político y de preferencias ciudadanas, por lo que escojo sólo a dos para analizarlos someramente, a Beatriz Paredes Rangel y a Enrique de la Madrid Cordero. Beatriz posee una larga trayectoria política, partidaria y administrativa, su inclinación de izquierda le sumaría votos de Morena, sin embargo, su carácter mesurado y conciliador no es el idóneo para la guerra electoral que viene. Enrique tiene una carrera menor en los rubros mencionados pero su experiencia incluye temas importantes como la banca, el campo, las leyes y el turismo, además de su preparación académica en el vecino país del norte y su visión moderna de la función pública. De esa dupla puede salir quien abandere al PRI en el anunciado proceso (hoy agonizante) con el PAN y el PRD, quizás también con MC, para elegir a quien los abandere en la contienda presidencial.