Su afección les impide defenderse, además de que no se les da información sobre su situación jurídica

 

En los penales del Estado de Colima existen 192 internos “con alguna discapacidad intelectual, mental y sicosocial” que se enfrentan a la justicia en condiciones de desventaja, ya que sus procesos legales no son ajustados a su estado de salud, situación que abre la puerta a que sean encarcelados de manera injusta.

 

Algunos reclusos con discapacidad mental desconocen por qué fueron privados de la libertad.

 

Según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el país existen alrededor de 5 mil 22 reclusos que tienen una discapacidad mental o son inimputables que se encuentran en penales.

 

Los expertos refieren que el Estado mexicano pretendió cobijar a este sector de la población bajo el término “inimputable” —utilizado para determinar que una persona con una discapacidad mental cometió un delito sin comprender la naturaleza del mismo—; sin embargo, advierten, este mecanismo no fue suficiente para respetar su derecho al acceso a la justicia.

 

“La falta de apoyos, de ajustes específicos para estas personas, las coloca en una posición de extrema indefensión.

 

“Las obliga a pasar por un sistema de justicia que no reconoce su discapacidad, que no implementa apoyos para que entiendan su proceso y tengan igualdad ante la ley.

 

“No pueden ejercer su derecho a una defensa adecuada y acaban privadas de la libertad, muchas veces sin saber de qué son acusadas”, dice Diana Sheinbaum, coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, en entrevista con el periódico El Universal.

 

El año pasado, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano implementar ajustes en los procedimientos a los juicios legales contra esta clase de acusados.

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad, en el que se describen algunos de los ajustes de procedimiento a los que se refirió el Comité de las Naciones Unidas.

 

La SCJN recomienda, por ejemplo, utilizar un lenguaje oral y escrito simple para todas las resoluciones; que el acusado reciba sus notificaciones de manera directa; no apresurar la manifestación de ideas del sospechoso y permitirle que alguien de confianza lo acompañe para explicarle el significado de las cosas.

 

Según la CNDH, la Ciudad de México es la entidad donde hay más personas encarceladas con una discapacidad mental (622), seguida de San Luis Potosí (386), Baja California (382), Guanajuato (346), Sonora (323), Jalisco (275), Estado de México (212), Colima (192), Puebla (172) y Michoacán (169).

 

Frente a este panorama, este sector regularmente es hecho a un lado de su propio proceso legal, pues las autoridades argumentan que su afección les impide defenderse, además de que no se les da información sobre su situación jurídica.

 

“Estas irregularidades se dan en gran parte por la falta de sensibilidad de los operadores de justicia, la falta de voluntad de garantizar igualdad de condiciones y dejar de ver a la persona con discapacidad como un objeto”, expresa el abogado.