Adalberto Carvajal
LOCHO AMANECIÓ CIVILISTA:
Con el voto en contra del regidor del Panal, Roberto Chapula de la Mora, el miércoles 20 de mayo el cabildo municipal votó otorgar facultades legales al alcalde Leoncio Morán y a la síndica Glenda Ochoa para que, en representación del Ayuntamiento de Colima, tramiten una controversia constitucional en contra del acuerdo que faculta al Presidente de la República a disponer de las fuerzas armadas para complementar a la Guardia Nacional.
Locho incluso contó con el voto a favor del regidor de Morena, Rodrigo Ramírez. ¡Qué desvergüenza la suya! Por disciplina de partido, el exdirector general de Cultura debió no sólo oponerse a la propuesta sino defender ante el cuerpo edilicio las razones que tuvo el presidente López Obrador para acordar la medida.
Como no le conocemos un historial como pacifista, Rodrigo no tiene excusa. El excerillazo no debería olvidar que fue por el arrastre electoral de Andrés Manuel (y a que pidió licencia el titular de la posición, Rafael Briceño) que él está cobrando su dieta como concejal.
Por lo demás, presentar la controversia constitucional no se entiende más que como un acto de oportunismo político. El presidente municipal de Colima (siguiendo el ejemplo de su líder moral en Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro), fabrica oportunidades para brillar preelectoralmente. Y esta vacilada es una más.
SU PASADO LO CONDENA:
Lo primero que notarán los juristas al recibir la controversia es una contradicción en los considerandos. Si Locho la presenta en los términos que la expuso ante el Cabildo, resulta que de entrada celebra la coordinación que su policía municipal ha tenido con la Guardia Nacional y reconoce la ayuda del Ejército en las tareas de seguridad pública.
No podría hacer menos. Seguridad Ciudadana es incapaz no sólo de impedir los robos a casa habitación en la capital, sino hasta los cristalazos de automóviles en el centro histórico. La Policía Vial, por su parte, se ha limitado a aplicar multas a destajo.
La administración de Leoncio Morán tampoco ha logrado consolidar una policía municipal que justifique pasar el mando de la fuerza pública del Gobernador al Alcalde, pese a los millonarios recursos que el Ayuntamiento recibe cada año del Fortaseg (subsidio federal para el fortalecimiento en materia de seguridad pública).
Locho dijo no estar en contra de que cada orden de gobierno (federal, estatal y municipal) asuma su responsabilidad, pero sí de la militarización.
Alega que el Ejército no fue creado como una policía de proximidad, y que los mandos de la Defensa Nacional no fueron al Colegio Militar para acabar de policías.
Con esta apología de la dignidad profesional de los soldados, escuda el Presidente Municipal un recurso jurídico cuyo verdadero objetivo es sumarse a la corriente política anti-López Obrador que se está expresando en algunos estados.
LA GUERRA DE CALDERÓN:
La grilla de Locho es parte de un plan de campaña. Morán Sánchez busca ser el candidato a la gubernatura que capitalice en Colima el descontento que, calcula la derecha, acumulará el Presidente de la República a la mitad de su sexenio.
Sin embargo, eso no lo hace menos incongruente con su pasado panista: como diputado federal, entre 2009 y 2012, jamás se opuso al proceso de militarización que emprendió Felipe Calderón.
Cada día aparecen nuevos testimonios que revelan cómo la supuesta guerra contra las drogas de Calderón fue, además de una estrategia para lograr en el campo de batalla la legitimidad que el michoacano no obtuvo en las urnas, y aparte de una forma de hacer negocio con los recursos que Estados Unidos envió a México dentro del Plan Mérida, una vil maniobra para ayudar al Cartel de Sinaloa a vencer a los grupos delincuenciales rivales.
Locho puede decir que estando en San Lázaro no se enteró del trasfondo de esa guerra, aunque la militarización del país fue evidente. Como sea, las convicciones que ahora expresa por una seguridad pública civilista no encuentran un antecedente personal contra la militarización.
PROMESA DE CAMPAÑA:
El debate sobre la militarización de la seguridad pública es viejo e inacabado. Se intensificó durante la contienda electoral de 2018 cuando, efectivamente, López Obrador prometió regresar las fuerzas armadas a los cuarteles.
Andrés Manuel estaba siendo congruente con sus propias causas, y haciendo eco de una corriente de opinión que denunció los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos en el marco de la presencia en las calles de militares y marinos.
En efecto, la propuesta original de la Guardia Nacional era la de una fuerza de seguridad de tipo policiaco y bajo un mando civil. Pero la inercia histórica y las circunstancias prevalecientes al finalizar el sexenio de Peña Nieto, hicieron cambiar de opinión a López Obrador, quien justificó su alianza con los militares diciendo que el Ejército es “pueblo uniformado”.
Cuando se habla de sujetar a las fuerzas armadas a sus legítimas funciones, ignoramos que hace casi un siglo que ni el Ejército ni la Marina de Guerra han tenido que defender a nuestro país del invasor extranjero.
Tampoco han tenido que actuar para someter una sublevación, a menos que se considere la rebelión zapatista como un intento serio de derrocar al gobierno, y no como un suceso magnificado por la prensa internacional, las oenegés y el propio gobierno de Carlos Salinas secundado por el de Ernesto Zedillo, quienes usaron al Ejército para masacrar a los indígenas chiapanecos.
MISIÓN DE PAZ:
Las tropas mexicanas han sido usadas, indistintamente por el mandatario en turno, para mantener el orden público, garantizar la paz y proteger a la población civil.
Con esa lógica, han actuado lo mismo en los sucesivos planes en contra de la siembra de estupefacientes que en campañas de despistolización, en la salvaguarda de los procesos electorales que en la preservación del patrimonio nacional, en el auxilio a los damnificados en casos de desastres que en brigadas médicas y sanitarias.
Como fuerza naval, la Marina enfrenta constantemente el desafío de los traficantes que usan el Pacífico, el Caribe y el Golfo de México para el trasiego de drogas, así como de los piratas que amenazan la navegación comercial y la seguridad en las plataformas petroleras.
Sus buques y aeronaves también vigilan que la actividad pesquera no rebase sus cuotas y respete las vedas, al mismo tiempo que cumplen una misión humanitaria en el rescate de náufragos o en el auxilio a los bañistas.
Pero, curiosamente, los efectivos en la Infantería de Marina son más numerosos que los marineros embarcados, sin que México pueda presumir por ello de tener una fuerza expedicionaria de desembarco.
Los marinos ya no se limitan a actuar en las costas. Los últimos 15 años se ha usado a la Armada en misiones tierra adentro, fundamentalmente en contra de los carteles de la droga. Y su prestigio es tal que agencias como la DEA prefieren trabajar con los mandos navales antes que con los militares.
Cuando se plantea la idea de devolver a los soldados y marinos a sus cuarteles, nunca escuchamos la respuesta a una pregunta clave: ¿para hacer qué cosa?
Tampoco nadie ha contestado a otra interrogante: ¿por qué tenemos tantos soldados y marinos en un país que difícilmente entrará en guerra con ninguno de sus vecinos ni contribuye con cascos azules a las misiones de paz de la ONU?
INTELIGENCIA MILITAR:
Son obvias las razones por las cuales se debe alimentar a la Guardia Nacional con los elementos de la Policía Militar y la Policía Naval, incluso con batallones regulares, en tanto forma sus propios recursos humanos la corporación creada por la 4T para sustituir a la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.
La más evidente es que no tenemos policías civiles confiables, pues carecen de formación profesional, disciplina y mecanismo de autorregulación, como podría ser una eficaz oficina de Asuntos Internos.
Tener un estado mayor y unidades de inteligencia, mover aleatoriamente a sus jefes y tropas, una cadena de mando y la férrea disciplina castrense, no impiden pero sí disminuyen el peligro de que los militares sean corrompidos o chantajeados.
En ese sentido, las tropas de élite que acabaron nutriendo a la Dirección Federal de Seguridad en los sesenta, la Brigada Blanca en los setenta o que, en este siglo, terminaron siendo sicarios al servicio de los grupos delincuenciales y luego un cartel en sí mismo, los Zetas, se habían separado del Ejército para cuando se volvieron delincuentes.
Lo que determina el uso ilegítimo de las fuerzas armadas es la voluntad política de las autoridades civiles. Y López Obrador ha prometido que no las usará para reprimir a la población.
La Corte determinó la inconstitucionalidad del uso en seguridad pública de las fuerzas armadas, pero con una reforma a la carta magna Morena y sus aliados en el Congreso subsanaron ese vacío legal.
Si bien el Ejecutivo se limitó a acatar un transitorio, lo que los juristas cuestionan es que el acuerdo debió redactarse con una mayor especificidad de las leyes en que se basa.
SUPRA-SUBORDINACIÓN:
Este acuerdo faculta al Presidente de la República a disponer de las fuerzas armadas para complementar a la Guardia Nacional, en tanto la GN desarrolla su estructura y recluta a los 144 mil elementos que le corresponden.
Sin embargo, en la opinión de Santiago Corcuera Cabezut, profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana (invitado a un debate en Canal 14 con el articulista de La Jornada, Pedro Miguel, el 22 de mayo de 2020), el acuerdo no reglamenta el Artículo 89 fracción primera de la Constitución, y tampoco explica qué quiere decir subordinación de las fuerzas armadas al mando civil.
Simplemente, instruye al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que se coordine con la Sedena y la Semar. Pero no establece una supra-subordinación del Ejército y la Marina a la SSP. Es decir, no se está subordinando la autoridad militar a la civil.
Y no lo hace porque la subordinación del alto mando militar y naval no es con el secretario sino con su jefe, el presidente de la república, comandante supremo de las fuerzas armadas.
Esta institucionalidad castrense no les gusta a quienes han venido pugnando con argumentos humanistas por retirar al Ejército y la Armada de la seguridad pública. Pero, por otro lado, también irrita a quienes apostaron por la insubordinación de las fuerzas armadas e hicieron abiertos llamados a un golpe de Estado.
FANTASMAS DEL PASADO:
Pedro Miguel pidió reconocer que la seguridad pública ha estado militarizada desde siempre, desde los años setenta si contamos nuestra historia reciente. Y para emprender la desmilitarización del país tenemos que entender cómo han funcionado las fuerzas armadas:
Son un monstruo que ha violado derechos humanos, es verdad, pero siempre subordinadas a la autoridad civil, desde Tlatelolco hasta Tlatlaya.
Esa es su gran virtud y su gran pecado: son leales al poder civil, son institucionales y por eso, desde que Venustiano Carranza fue depuesto, los militares no han vuelto a dar un golpe de Estado.
Tememos con toda razón a los fantasmas del pasado. No queremos que se repita la Operación Cóndor en los altos de Sinaloa, la Guerra Sucia en la sierra de Guerrero, la guerra contra los zapatistas en Chiapas o la guerra contra las drogas de Calderón que, según Pedro Miguel, no sólo usó instrumentalmente a las fuerzas armadas sino que buscó exterminar a un sector de la población: esas 500 o 700 mil personas que viven del narcotráfico en nuestro país.
Hay zonas enteras del país cuya principal actividad económica es el narcotráfico, porque el neoliberalismo convirtió al negocio en un sector de la economía, articulado con el mercado inmobiliario, el juego y otras formas de lavar dinero, dice Pedro Miguel.
Otros analistas advierten sobre el enorme poder de fuego de los grupos delincuenciales y el potencial corruptor del dinero del narcotráfico. Hace tiempo que el trasiego de drogas dejó de ser simple ilícito para emprender la captura de las instituciones y crear un Narcoestado.
Mucho se discute si en las redacción de las leyes para justificar la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, se confunde este concepto con el de seguridad interior o, peor aún, con el de seguridad nacional. Pero lo cierto es que los grupos delincuenciales ya controlan amplios territorios del país, y son altos los riesgos de que escalemos a un escenario de paramilitarismo o que veamos incluso expresiones de narcoterrorismo.
Por eso, necesitemos a los militares en las calles.
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