Es la única que a la fecha se ha promovido contra el Acuerdo Presidencial que legaliza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene en suspenso si aceptará o no a trámite la Controversia Constitucional 85/2020 contra el Acuerdo Presidencial que legaliza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, cuyo recurso legal fue promovido desde el 28 de mayo pasado por Leoncio Morán Sánchez, presidente municipal de Colima, quien alegó que dicho acuerdo viola la constitución y pidió su inmediata invalidez.
Ya pasaron 15 días de que se promovió la controversia contra actos del Presidente de la República y los secretarios de la Defensa, de Marina y de Seguridad Pública sin que a la fecha la SCJN determine si lo aceptará a trámite o no.
Una revisión a los estrados del Tribunal Constitucional, realizada por el periódico El Financiero, se advierte que dicha Controversia es la única que a la fecha se ha promovido contra el citado acuerdo publicado el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
El caso está en manos de Margarita Ríos-Farjat, ministra de más reciente ingreso a la Suprema Corte (19 de diciembre de 2019) a donde llegó, en sustitución de Eduardo Medina y a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su corta estancia en el Tribunal Constitucional la ministra Ríos-Farjat ha emitido votos decisivos en temas polémicos, como el caso de del salario de altos funcionarios públicos que ganan, incluso, más que el presidente López Obrador.
El 3 de junio pasado, la Primera Sala resolvió los recursos de reclamación 18/2020, 22/2020 y 25/2020 relacionados con las controversias constitucionales 1/2020, 358/2019 y 10/2020, respectivamente.
Con ello, la Suprema Corte autorizó a altos funcionarios del IFETEL, Banco de México e Instituto Nacional Electoral a tener salarios mayores a los que percibe el Presidente de la República.
La ministra Ríos-Farjat voto a favor de los altos funcionarios de los órganos autónomos. Quienes votaron en contra fueron los ministros Norma Piña y el ministro Juan Luis González Alcántara, éste último quien también llegó al Tribunal Constitucional a propuesta del presidente López Obrador.
