Por Héctor Sánchez de la Madrid
Si alguien dudaba de la falta de veracidad, de sensatez y de criterio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el hackeo del grupo internacional Guacamaya a los archivos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional, exhibe y prueba las características señaladas al no importarle los 6 terabytes de información confidencial sustraídos (millones de correos oficiales) a la principal fuerza armada de nuestro país.
Los documentos, desordenados, encriptados y abiertos, dejan en estado de indefensión al Gobierno Federal en cuanto a las condiciones de logística que guarda el Ejército Nacional, al revelarse lo que hizo en los últimos 10 años, lo que hace actualmente, y lo que consideraba hacer en el futuro inmediato, mediato y a largo plazo, pues probablemente algunas acciones que habían decidido emprender las van a cambiar o modificar.
La precisión y los detalles del contenido apropiado podrían generar inimaginables conflictos a la seguridad pública, al Gobierno de la República y al mismo presidente de México, al conocer los datos relevantes el crimen organizado y los grupos de presión política y económica, como seguramente ya los tienen entre sus manos. Es tan grave lo que sucedió que nadie tiene idea de lo que vendrá y hasta donde llegará este asunto.
Son millones de correos electrónicos, de WhatsApp, de investigaciones, de información sobre la protección pública que llevaron a cabo las fuerzas armadas y civiles, de los viajes del Mandatario en el país y el extranjero, así como de sus hijos y de su señora Beatriz Gutiérrez Müller, al igual que las principales figuras del régimen anterior, del ex Presidente y su familia, de prácticamente todo lo que hicieron en la última década.
El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional sucede en el peor momento, cuando el país está polarizado con el tema de la militarización, pocos días después de que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para extender el permiso a las fuerzas armadas a que continúen en las vías públicas realizando acciones de seguridad pública del 23 de marzo de 2024 hasta el 23 de marzo de 2028.
Todo ello se da también después de que el presidente López Obrador le ha entregado al Ejército Nacional y la Marina-Armada de México infinidad de labores que antes realizaban funcionarios civiles preparados para esos menesteres. Se ha dicho hasta el cansancio que los militares están capacitados y entrenados para defender y ayudar a la comunidad cuando estalle una guerra o suframos desastres naturales, que no es el caso.
Sin embargo, las fuerzas armadas están en casi todo, en seguridad, en salud, en aduanas, en administración de puertos, en control de aeropuertos, en la construcción de obras públicas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, entre otras actividades que antes desarrollaban servidores públicos del orden civil, como corresponde en cualquier nación republicana y democrática.
Es sintomático que hayan hackeado los archivos de la Defensa Nacional, distraída como está de sus funciones naturales al desarrollar acciones para las que no está capacitada ni tiene experiencia. El Mandatario federal ha convertido a la Sedena en una máquina Milusos que descuidó su responsabilidad intrínseca como es el resguardo de la información oficial del trabajo de seguridad que constitucionalmente tiene que realizar.
Si no estuvieran distraídos los soldados en tareas que no les competen ni están preparados, quizás no hubiera sucedido el Guacamaya Leaks (Fugas) y por tanto los documentos extraídos no estarían en posesión de medio mundo, seguramente también de la delincuencia profesional que podrá aprovechar la información privilegiada para perpetrar sus actividades ilícitas al conocer datos que estaban reservados y de uso exclusivo de la milicia.
Algo positivo de la fuga de documentos es que hayan llegado a los medios de comunicación y a las redes sociales, así como también a los periodistas profesionales y analistas críticos que podrán aportar su opinión con mayor precisión, aunque es oportuno señalar, antes de que ocurra, la posibilidad de que surjan datos falsos, inventados o tergiversados, que alterarían, deformarían, la exposición de ideas y conclusiones.
Sirvió, eso sí, para confirmar lo que se decía, se evidenciaba, pero que no se informaba ni se aceptaba, como es la salud precaria del presidente de la República, ya confirmada por el propio político tabasqueño en su conferencia mañanera, después de la filtración de los padecimientos que adolece en el Guacamaya Leaks, situación relevante que Andrés Manuel López Obrador debió haber informado a la nación y no ocultarla como lo hizo. No es la primera vez que lo hace, seguramente tampoco será la última.
