Por Héctor Sánchez de la Madrid
¿Qué caso tiene prolongar el tiempo para
que las fuerzas armadas permanezcan en
las calles si el Presidente no las deja ni
defenderse de las agresiones que sufren?
Como nunca antes había sucedido, en la era moderna, las y los ciudadanos hemos sufrido los pleitos, las diferencias y los encontronazos que se suscitan permanentemente entre las autoridades electas con los actores y actrices de los partidos opositores, lo que si bien es una característica de la democracia, en ocasiones se ha llegado a límites y niveles extremos y peligrosos.
El tema de las fuerzas armadas está lleno de contradicciones de los protagonistas que cambian de parecer sin asomo alguno y adoptan actitudes plenas de soberbia y egoísmo, perdiendo de vista el objetivo primordial que es, o debería ser, de salvaguardar la vida y la seguridad de las y los mexicanos, mismas que hacen a un lado para llevar agua a sus molinos y sacar raja de la crisis que padecemos desde hace varios años.
El entorno político está tan confuso y descompuesto que cuando una de las partes admite que estaba equivocada y le da la razón a la o las contrapartes, éstas ni siquiera se dan cuenta de ello y siguen discutiendo acaloradamente los puntos de vista que ya fueron aceptados. Hay demasiado afán de las y los políticos por los reflectores, las cámaras, los micrófonos y las grabadoras, más que resolver discrepancias.
El caso inicia durante el periodo del presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando se decide sacar al ejército de los cuarteles para combatir al crimen organizado en las calles de las ciudades. La determinación causó una gran polémica con los partidos adversarios ya que nunca se había echado mano de los soldados para atacar frontalmente al crimen organizado. “La necesidad tiene cara de hereje”, debió pensar el Mandatario.
En ese tiempo los órganos policíacos estaban infiltrados por el narco, así que no le quedaba de otra a Calderón que actuar como lo hizo, con los riesgos que ello implicaba. La decisión fue difícil pero atinada. Hubo detractores de todos los colores, del PRI y PRD, principalmente. Uno de ellos fue Andrés Manuel López Obrador, quien había perdido en 2006 con el PRD la contienda por la presidencia de la República.
Amigos priistas me aseguraban en 2012 que Enrique Peña Nieto como presidente regresaría al ejército a los cuarteles, tomó posesión y dejó a los gendarmes donde mismo, el cambio fue incorporar a la Marina-Armada de México. Al carecer de cuerpos civiles para enfrentar a los cárteles se apoyó en soldados y marinos. López Obrador perdía con el PRD la segunda elección presidencial, pero persistía contra la medida de Felipe Calderón seguida por Enrique Peña.
El régimen de Peña Nieto fue parecido al de su antecesor en cuanto al combate al narcotráfico, aunque menor en el número de abatidos por las fuerzas militares que continuaron las labores de contención y desmantelamiento de las bandas criminales en el país a las que no les dio tregua durante su administración presidencial. Andrés Manuel siguió en campaña por tercera vez con igual discurso, ahora con Morena, el partido de nuevo cuño que había fundado.
Por fin, a la tercera fue la vencida, López Obrador obtiene la presidencia de México con una mayoría abrumadora, sin embargo, dejó el tufo de haber llegado mediante un arreglo político con Enrique Peña. Como fuere, al asumir el importante cargo prometió crear la Guardia Nacional, de índole civil, para desplazar a los gendarmes y marinos de las funciones de seguridad pública y regresarlos a sus responsabilidades específicas marcadas por nuestra Constitución.
El 26 de marzo de 2019 los legisladores de todos los partidos políticos aprobaron la Guardia Nacional, precisando el espíritu civil del nuevo organismo de seguridad pública, fijando la fecha, 26 de marzo de 2024, para que Defensa Nacional y Marina-Armada de México, volvieran a sus lugares de origen, o sea a casi año y medio de distancia. En los poco menos de 3.5 años transcurridos la Guardia Nacional ha crecido pero no lo suficiente para desplazar a los mílites.
La incongruencia de autoridades y políticos es mayúscula, ya que mientras Andrés Manuel reconoce que se equivocó, que las fuerzas armadas deben encargarse de la seguridad pública y el combate al crimen organizado, que no sabía el tamaño del problema heredado, los panistas y perredistas se enojan con los priistas por haber enviado la iniciativa a la Cámara de Diputados para que extiendan la fecha de 2024 hasta 2028 (cambiaron ayer la fecha hasta 2029) para que soldados, marinos y guardias continúen en las calles, lo que les da la razón a Felipe Calderón y Enrique Peña.
Si el problema de seguridad pública que adolece la nación continuara igual por tiempo indefinido, entonces es correcta la iniciativa priista de prolongar la presencia de las fuerzas militares hasta 2029, al igual que pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que está probado que los gendarmes (más aún los marinos) son más confiables que los civiles, además de que tienen conocimientos técnicos sobre esa materia. El pero que le pongo —otros analistas lo perciben también— es que ello fortalece a la milicia y consolida la relación que tiene con el presidente López Obrador, lo cual aumenta la probabilidad de que si en la elección presidencial de 2024 el resultado es adverso a Morena, Andrés Manuel podría apoyarse en las fuerzas militares para desconocer el proceso comicial e instaurar una dictadura.
