Con relación a la posibilidad de que el Gobernador de Colima solicite la contratación de un crédito por 722 millones de pesos al Congreso del Estado, el diputado Carlos César Farías, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, declaró que “lo crucial será vigilar la ejecución peso por peso y evitar que se lo roben o que no se apliquen los recursos para los males que hoy vive Colima, como lo es la seguridad y la salud.

“El punto de inflexión no está en que se apruebe o no el crédito, sino que tengamos la capacidad como diputados, de poder vigilar el cumplimiento peso por peso en el objetivo que se determine y evitar que ese dinero se lo roben, se desvíe o no se apliquen para los objetivos que se puedan plantear al Congreso”.

En dado caso de que la solicitud de contratación de deuda sea lo suficientemente válida y justificada, el legislador Carlos Farías, propuso que tanto diputados como la sociedad, puedan vigilar la ejecución del recurso público mediante la implementación de mecanismos de vigilancia como la creación de una Comisión Legislativa de Seguimiento donde los ciudadanos intervengan mediante una comisión de vigilancia.

El diputado petista señaló que los legisladores locales deberán de demostrar eficacia y maduración política para poder vigilar y supervisar que el recurso se etiquete para resarcir los grandes males que vive Colima.

“En palabras claras el temor es de que se roben el dinero, sin embargo, ahí entra otra reflexión, siendo consciente que se ocupa recurso público, la verdadera coyuntura que se debe de observar es que los diputados debemos de tener la suficiente eficacia y maduración política para poder ser capaces de vigilar y supervisar que el recurso público se aplique peso por peso a la etiqueta que se vaya a definir, y me refiero a las etiquetas de salud y seguridad que son los grandes males que hoy vive Colima”.

El diputado local remarcó que aún no se han definido los conceptos en los que se va a sustentar el crédito, por lo que indicó que la preocupación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es que el recurso termine en los bolsillos de funcionarios.

“La decisión final de un servidor y del Grupo Parlamentario, tendrá que ver con el objetivo del crédito y la forma en que se plantee para ver si existe razón o no, estamos conscientes que la administración estatal requiere recursos públicos, sin embargo, nuestra gran preocupación como Grupo Parlamentario es que ese dinero público se vaya a perder o se vaya a los bolsillos de un Secretario de Estado o a las del propio Ejecutivo del Estado”.